Por Diana Catalina Cortés González
Especial para EL DIARIO ALTERNATIVO

En el proceso de investigación sobre Inteligencia Estratégica en Colombia, una de mis fuentes me dio el ejemplo perfecto para entenderla: En 1998, Nicaragua, bajo la presidencia de Arnoldo Alemán, desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928), el cual otorgó soberanía a Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Posteriormente, en 2001 el país centroamericano demandó soberanía sobre las Islas de San Andrés y Providencia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, desconociendo nuevamente el tratado. 

Estos dos momentos, sin duda, “debieron prender las alarmas del Gobierno y sobre todo de los organismos de inteligencia en Colombia”, pues de haber actuado oportunamente y tomando decisiones adecuadas, la pérdida en 2012 de más de 75.000 Km de territorio marítimo, hubiese tenido quizá un desenlace distinto a una decisión lamentable y en total detrimento de los intereses y soberanía colombianos”. 

En este caso, la falta de visión estratégica sobre lo que podría ocurrir derivó en la pérdida de territorio. A esto se le puede considerar una total falla de inteligencia estratégica IE. Y ¿Qué es exactamente? es la inteligencia requerida para la formulación de políticas públicas de toda índole, en un nivel nacional e internacional (DOD, 2018, p.219). De su calidad y posibilidad de contrarrestar amenazas y de generar oportunidades, dependen la seguridad y prosperidad de las naciones (Estrategia Nacional de Seguridad de 2010 de la Casa Blanca). 

En palabras simples, la IE apoya y da sustento a las decisiones y acciones de los gobiernos destinadas a alcanzar los objetivos de cada Estado. Éstas deben basarse en análisis previos que visualicen distintos escenarios y posibles consecuencias, con conocimiento profundo del entorno, los adversarios y hasta de los mismos aliados, en un sistema en el que todos luchan por su supervivencia, que viene a ser el principal objetivo de un Estado según la Escuela Realista. 

En el caso colombiano, los objetivos o fines esenciales del Estado se encuentran consagrados en el Art. II de la Constitución: servir a la comunidad, promover la prosperidad general; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Y es quizá aquí donde surge nuestro problema con la inteligencia estratégica, pues nuestros abstractos fines esenciales como Estado no logran materializarse en objetivos tangibles y nos llevan a cuestionarnos ¿Qué entendemos por paz y prosperidad en un país con más del 35.7% de pobreza? ¿Hacia dónde vamos y qué metas tenemos como Estado y como Nación? ¿Cuál es el verdadero interés nacional aquí? Más de 200 años de ser un estado las respuestas a estas preguntas no son del todo claras, de ahí que cada cuatrienio nos enfrentemos a planes de Gobierno distintos y a veces hasta opuestos y no hayamos emprendido un verdadero proyecto como Estado. Como se duce popularmente “el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve” y un ejemplo claro de esto es el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, un acuerdo de Estado en pro del fin esencial de la paz, cuyo cumplimiento ha estado determinado (y truncado) por banderas de gobierno.

La historia de la inteligencia en Colombia nos ha demostrado tres cosas: la primera, que los gobiernos han hecho mal uso de ella, convirtiéndola en un instrumento al servicio de intereses particulares, que muy poco se relacionan a los del Estado. El Servicio de Inteligencia Colombiano SIC (1953-1960) y el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS (1960-2011) poco distaron de ser policías políticas que, no solo cometieron graves violaciones a los derechos humanos, sino que lo hicieron obedeciendo a políticas y disposiciones de Gobierno centradas en persecuciones con motivos ideológicos y de amenaza interna construida (securitización de la oposición política. Fuerte indicador de politización, es decir, de involucramiento del decisor en los productos de inteligencia, para usarla bajo intereses particulares. 

Segundo. El sistema de inteligencia en Colombia ha actuado de forma desarticulada y ha presentado fallas en su estructura. Una Comunidad de Inteligencia eficiente define los roles de sus distintas agencias y trabaja mancomunadamente, evitando así desgaste de recursos, duplicidad de funciones y desinformación. En el caso colombiano, solo hasta 2005 se habló de una Junta de Inteligencia Conjunta JIC y peor aun, solo hasta 2013 se reguló, sin hablar del hecho de que solo hasta este año tuvo Colombia una ley que definiera las labores y límites de los cuerpos y actividades de inteligencia. Gravísimo para una democracia. 

Asimismo, por más de 50 años el principal organismo productor de inteligencia en Colombia fue el DAS. Su gran falla fue que combinó inteligencia estratégica y contrainteligencia, investigación criminal (totalmente distintas una de la otra, en tanto la primera sirve al alto Gobierno y genera posibles escenarios a priori, mientras que la segunda investiga hechos criminales a posteriori) protección de personas, oficina de interpol y control migratorio. Un completo Frankenstein desbordado en tamaño y funciones, perdiendo así su esencia, y dando lugar a un cruce contraproducente en cuanto a labores, perfiles, escenarios, fines. Totalmente contrario al principio de Multy Advocacy o multi agencias

Tercero, que a los ciudadanos en realidad poco nos ha interesado seguir la pista y hacer real control de los cuerpos de inteligencia y debido cumplimiento de sus funciones. Tuvimos que esperar al escándalo de las “Chuzadas” para que el tema invadiera los medios, pero hay que recordar que en los años 50 efectivos del SIC torturaban y que en los 80 y 90 agentes del DAS participaron en graves violaciones a derechos humanos, entre ellos homicidios políticos como los de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo y hasta el mismo Luis Carlos Galán.  El DAS tenía que acabarse, era una deuda con Colombia

Si bien la ley de inteligencia (1621 de 2013) creó una comisión parlamentaria de seguimiento a actividades de inteligencia y contrainteligencia, ésta difícilmente funciona, no solo porque está descuidada, al menos eso percibí en una visita que hice, sino que los parlamentarios que la integran no son expertos en materia de visión estratégica, no han establecido indicadores claros de gestión, ni existe un consenso frente a la lista de intereses que deben ser salvaguardados. 

A reemplazar el DAS llegó la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, surgida bajo la premisa de evitar los errores del pasado y dedicarse exclusivamente a la producción de inteligencia estratégica y contrainteligencia. A su favor está la mejora de salarios, la intensa y delicada selección de perfiles de agentes y analistas y el sistema interno de controles, inspirado en la CIA, en el que un Inspector General hace auditoría y no depende jerárquicamente de nadie al interior. 

Sin embargo, llama la atención que, aunque la DNI fue creada como organismo civil, ha estado permanentemente bajo el control de efectivos de las fuerzas militares. Según una de mis fuentes, esto asegura lealtad hacia la institución; pero desmilitarizar la inteligencia podría cambiar paradigmas en la concepción de la seguridad, aún tan propia de la Guerra Fría, y abrir realmente posibilidades hacia una seguridad más integral y multidimensional.

Más que mejoras en el sistema de inteligencia, falta interés ciudadano por el dar el debate y generar verdaderos mecanismos democráticos que permitan al ciudadano ejercer control de estas actividades. Claro está que la mayoría de sus acciones y objetivos se mantienen en reserva, lo que es perfectamente válido y necesario, pero el manto de la reserva, no puede derivar en indiferencia, debemos al menos cuestionar y poner en conocimiento de todos hacia dónde apunta Colombia hoy.