Ilustración Silvio Vela

Por Fabio Castillo
Director El Diario Alternativo 

Si las recompensas e incentivos que se pagaron a miembros de la fuerza pública para cometer los 6.402 “falsos positivos” se utilizaron dineros clasificados como “fondos reservados” además de los delitos de lesa humanidad que conllevan se pudo haber incurrido en igual número de casos de peculado por destinación oficial diferente y peculado por apropiación a favor de terceros. Eso podría tener consecuencias insospechadas dentro del proceso, porque cada colombiano podría declararse como tercero afectado por esas conductas, al haberse desviado el uso de sus impuestos.

El Gobierno de La Camorra

Apenas regresaba de mi exilio temporal en México –al que fui forzado tras publicar una investigación sobre la caja menor de los paramilitares que operaba desde un banco bogotano recién intervenido- cuando recibí en Bogotá la propuesta de un general. Estaba decidido, me dijo el mensajero de la propuesta, a descorrer el velo denso tendido desde el Establecimiento para invisibilizar torturas, desapariciones, matanzas colectivas, compras corruptas o las zancadillas en los ascensos, pero sobre todo la “doctrina” que se había impuesto de priorizar las bajas –el eufemismo militar transferido al periodismo para eludir el crudo homicidio- sobre las detenciones de sospechosos de actividades de apoyo directo a los grupos subversivos.

Lo que siguió fue una carrera de mimetización y simulaciones para eludir rastreos y seguimientos. Rentar un apartamento en un hotel del siempre discreto centro de Bogotá –donde por fin pude entender el significado mimético de la apalabra apartaestudio: nada más apropiado para desconcentrar y alejar del estudio que un receptáculo de 40 metros cuadrados-, cambiar el celular y dejar en los sitios previsibles una disculpa de vacaciones prolongadas para eludir segundas preguntas.

Todos los días, la primera semana, y luego día de por medio en las siguientes, y siempre a distinta hora y en las oficinas más inesperadas, nos reuníamos durante tres o cuatro horas, en las que el general aceptaba someterse a un minucioso interrogatorio sobre hechos y fechas, que había documentado de manera previa en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, gracias a la colaboración –involuntaria- de Jorge Orlando Melo,  quien me brindó todo apoyo logístico en la lectura de los diarios de interés para el proyecto.

Así logré unas 43 horas de grabación, y de ellas siempre recuerdo la mirada atormentada del general cuando rememoraba cómo, entre las 5 y las 5 y 30 am, todos los días, el entonces presidente (sic) Álvaro Uribe Vélez (sic) lo llamaba a su teléfono de seguridad para conocer el parte de guerra. De la pasada y de la que esperaba que se diera ese día. 

Por fin un día, recordó el general, lo pude llamar yo antes para darle el parte. “Presidente, para informarle de un positivo. Acabamos de capturar a 14 presuntos miembros del ELN en Arauca. Todos ya están detenidos y serán puestos a disposición de la Fiscalía”. Pero el general no escuchó un grito de júbilo o complacencia al otro lado de la línea, sino un descuajado suspiro de resignación, antes de decirle, “ay, mi general, ¿y a mí de qué me sirven unos cuantos presos más?”

  Por revelaciones de primera mano como esas, y ya son varias (recuerden también al ex general Rito Alejo del Río) es que se plantea desde los más distintos campos que la investigación por los 6.402 desaparecidos de la “tempestad democrática” de Uribe está mal planteada. Porque no es a los soldados ni a los ejecutores a los únicos que se debe investigar por esta matanza sistemática de colombianos a manos de sus autoridades, sino a los instigadores, a los autores intelectuales, a quienes dieron la orden de priorizar muertes sobre investigaciones, de fusilar antes de que llegue la orden, de sepultar la presunción de inocencia bajo metros de tierra y documentos apócrifos sobre el debido proceso y la ritualidad de la ley, de la barbarie sobre la civilización, en síntesis.

   Y los responsables directos de la implementación de esa doctrina del terror están plenamente identificados, y han dejado rastro legal de sus acciones. Otra cosa es que ningún juez en Colombia las quiera ver. Casos se han visto.

Se conoce la directiva que estableció la tarifa de premios por el resultado de muerte; las llamadas sistemáticas y diarias desde el teléfono presidencial pueden ser fácilmente trazadas desde las propias líneas emisoras y receptoras de manera incontrovertible, y el macabro conteo de cuerpos lo tiene en su poder la Jurisdicción Especial para la Paz en su Auto 033 del 12 de febrero de 2021 (se puede acceder al comunicado público de la JEP en este vínculo, que a su vez lleva a la copia integral del Auto: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx ). Lo demás es intentar velar la realidad a los ojos de la justicia.

Pero no es este el tema central de esta nota, sino un hecho que todavía podría llegar a ser más significativo, y es que al ser las matanzas sistemáticas un crimen de Estado, resulta que todo colombiano que pagó impuestos entre 2002 y 2008 pudo haber sido un colaborador no necesario o involuntario en esas masacres, que fueron financiadas en unos casos, y premiadas en otros, con el dinero de nuestros impuestos. Y eso nos legitima a todos los colombianos para constituirnos dentro de esas investigaciones como terceros afectados con ese comportamiento delictual, para perseguir a sus autores, ya no solo por el homicidio sistemático de compatriotas, sino por el peculado ocasionado al cambiar la destinación de nuestros impuestos para financiar esa máquina espuria de muerte.  

Esas torturas, desapariciones, matanzas colectivas, son delitos muy graves. Tanto que se considera que toda la humanidad es víctima de ellos. Pero, además, esa gravedad se aumenta porque se cometieron mediante otros delitos contra la administración pública; por medio de la perversa utilización de nuestras tributaciones. Peor destino no podían tener nuestros impuestos.  

(Antes de desarrollar el tema hay que apuntar que la biografía titulada “El General lo Cuenta Todo” no se pudo culminar por el acoso y los seguimientos sistemáticos a que fuimos sometidos en ese momento pese a todos los cuidados descritos, y las grabaciones que contienen las conversaciones están en poder de una ONG internacional de derechos humanos, junto con otro bloque de documentos de valor histórico en la biografía no autorizada de esa cierta persona, para hacerse públicos solo en caso de unas determinadas circunstancias. Pero todo eso será motivo de una próxima entrega.)

El Peculado con los fondos reservados

De acuerdo con numerosas publicaciones de prensa, y hasta entrevistas de comandantes militares, la metodología para la consumación de esta serie de desapariciones forzadas, en unos casos, y de asesinatos, en la mayoría, era similar: un batallón anónimo de civiles investidos oficiosamente de funciones oficiales se desperdigó por varias regiones del país –paradójicamente Antioquia, con el 25 por ciento del total de asesinatos, Costa Caribe, 7 por ciento del universo declarado de víctimas,  y le siguen Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta con cifras inferiores a las otras regiones, aunque resulta obvio que cuanto más alejados del control público social, menos fiables se vuelven estas cifras-, donde buscaron por entre la población marginada y excluida de oportunidades para reclutarlos con la promesa de trabajo temporal agrario, para cosechar frutos de la época o servir de raspachines de los cultivos de coca de los dueños varios que tan bien conoce el país.


Número de víctimas de la 4ª Brigada, desagregadas por las siglas de los batallones. Fuente, Auto 003 JEP

Ese batallón de civiles reclutadores fue pagado con cargo a los fondos reservados de las guarniciones que los controlaban, y había además un sistema, más o menos público, de recompensa para quienes participaban en la operación, desde el reclutador, el o los soldados comisionados para asesinar al indefenso, por lo general disfrazado del verdeoliva de ellos mismos o con las tan sospechosas botas pantaneras, y luego al comandante del grupo, del puesto, de la escuadra, del batallón y ahí hacia arriba, hasta las de soles en la charretera, el soldado, el cabo, el sargento, el teniente, etc., etc., todos recibieron recompensas económicas, en unos casos; en otros, por licencias o vacaciones o días de asueto, y en todo caso méritos para el ascenso sobre una pared construida con tan terribles peldaños. 

Y todas las anteriores acciones, y su escalada, se pagaron durante esos seis años con cargo al secreto rubro de los gastos reservados que se asignan a cada arma. Empecemos entonces por precisar a qué se refiere la ley con el nombre tal de los “gastos reservados”: 

La definición legal de los gastos reservados está descrita de manera taxativa en el numeral 2 del artículo 39 del Decreto 4365 del 23 de diciembre de 2004, y que se transcribe así de manera literal:  

“Gastos reservados: 

Erogaciones destinadas al cubrimiento (sic) de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito. También podrán atenderse gastos tendientes a la represión del contrabando. 

Las operaciones de inteligencia incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad. 

Comprende la compra de bienes muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventariar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos. 

Con cargo a dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar, equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de material técnico para inteligencia.”

Como se aprecia, no es más que el acostumbrado regalo del Ejecutivo a las Fuerzas Militares y de Policía, cuando se las quiere domeñar: compren, compren con cargo a los gastos reservados, ojalá a las oficinas que ellos mismos tienen montadas en Miami o cualquier paraíso legal; tal vez por eso la fecha del decreto, aunque su  promulgación se hizo apenas en el Diario Oficial del 27 de diciembre, la víspera, claro, de los santos inocentes. El decreto lo firman los inefables, el presidente (sic) Álvaro Uribe Vélez (sic), y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera (sic).



Facsímil de la portada del decreto que reglamentó el uso de los gastos reservados en 2004

En ninguna parte se puede leer, o deducir siquiera, que con cargo a los fondos reservados se pudiera pagar o usar tales recursos para premiar o incentivar a los miembros de las Fuerzas Armadas por las muertes ocurridas en combate o por fuera del combate, o como se los quiera denominar, en el eufemismo que quieran imponer de moda a los medios que escuchan la agenda oficial. 

De manera cronológica, al menos con respecto a los documentos que se manejan en archivos públicos, la siguió la “Directiva Ministerial Permanente” 29, fechada del 17 de noviembre del año siguiente,  2005, que firma Camilo Ospina Bernal, como ministro de Defensa Nacional. Ospina venía de ser el secretario jurídico de la Presidencia, y años más tarde terminaría de asesor en la oficina de un estafador internacional, que pretendió fungir como petrolero en Colombia. Pero esa es otra historia, que también vendrá después. 

La circular, rotulada como secreta, fue descubierta hace tiempo en una investigación de una ONG sobre la violación sistemática de derechos, y ha sido objeto de, por lo menos, dos debates en el Congreso de la República, se han exhibido todas las pruebas y documentos, pero ninguna investigación ha mostrado resultado alguno. Como escrito de abogado marrullero que es, la Directiva se cuida muy bien de citar en qué normas legales, procedimentales o  reglamentarias le dan atribuciones para expedirla. Lo concibe como su derecho, y así lo enuncia:



Facsímil de la portada de la Directiva que sirvió para justificar los pagos, con cargo a los fondos reservados, de los falsos positivos o asesinato sistemático de civiles por miembros de las Fuerzas Armadas

La directiva se puede encontrar en su totalidad transcrita y en versión facsimilar en la red y por ello solo cabría mencionar que contiene una minuciosa descripción del sistema de recompensas para los miembros de las fuerzas armadas y civiles que dieran de baja o capturen intendencia militar. 

El punto es que así como se cuida de explicar el fundamento legal o reglamentario de la directiva, también elude puntualizar que la erogación se hará con cargo a los fondos reservados, aunque en este aparte de la misma nos da un elemento indirecto claro, al definir las referencias para su estudio:



  En este acápite de la directiva se hace expresa referencia al control fiscal de los gastos reservados

Esa secuencia podría llevarnos a considerar que, aparte de los delitos de desaparición forzada y homicidio, cabe también investigar numerosos casos de peculado por destinación oficial diferente y peculado por apropiación a favor de terceros. 

Con La Camorra

No se crea además que emplear los dineros públicos de los fondos reservados para financiar operaciones encubiertas delictivas es un hecho insólito en los anales de la inteligencia militar. 

Eso también se probó en el caso de la Dinte Red-007, como se llamó a la agrupación del coronel Rodrigo Quiñonez en Barrancabermeja, que con cargo a los fondos reservados de su agrupación contrataron a un grupo de sicarios para hacer lo que entonces vendieron en el puerto petrolero como “limpieza social”, y que no fue más que el ataque sistemático contra los líderes sociales de la región (¿suena familiar?). En esa ocasión se descubrió todo por cuenta de un fiscal que logró acceder a la bóveda del archivo del grupo de inteligencia. Así lo relata un periodista de la revista Alternativa (página 14, edició0n del 1.1.1999): Cuando el legajador quedó en manos de uno de los fiscales, un capitán le cerró el paso. “Esa información es secreta”, le dijo, “y no puede salir de acá”. “Esa información queda confiscada como prueba dentro de una investigación le respondió el fiscal.” A continuación llegó en helicóptero público el general Manuel José Bonet, comandante de la 5ª División del Ejército para intentar recuperar, infructuosamente, los documentos. Y vino la decisión judicial.

“El reproche jurídico recae en la actividad paralela que se diseñó y puso en macha para convertirla en un refinado (sic) grupo de sicarios y asesinos, amparados por el estamento militar, con la utilización de dineros públicos; dedicados a cometer homicidios y desmanes en contra de la población civil, premeditados y planeados…con previo conocimiento de las víctimas y el lugar de la reunión por el Comando de la Dinte y de las Fuerzas Militares”.

   A todo el mundo exaspera que esas actividades no sólo sean hechas por funcionarios investidos de autoridad por el Estado, sino que además sean financiadas, ejecutadas y luego recompensadas con cargo a los impuestos que tributamos los colombianos para asegurar el pleno ejercicio del contrato social que nos hemos dado para gobernarnos como Nación. ¿Y qué tal el general Bonet llegando en un helicóptero, igual comprado con nuestros recursos y con ellos también pagados el combustible, los pilotos y los del mantenimiento, solo con el propósito de intentar encubrir los libros de la operación de un equipo de sicarios contratados por la base de Barrancabermeja? 

Esas torturas, desapariciones, matanzas colectivas, son delitos muy graves. Tanto que se considera que toda la humanidad es víctima de ellos. Pero, además, esa gravedad se aumenta porque se cometieron mediante otros delitos contra la administración pública; por medio de la perversa utilización de nuestras tributaciones. Peor destino no podían tener nuestros impuestos.