Por Felipe Solarte Nates
Especial para El Diario Alternativo 

Ante la inoperancia de los Consejos de Seguridad que citan cada vez que matan a un líder social, el gobierno del Cauca propuso en febrero un Pacto por la Defensa de la Vida, la Paz y el Territorio, y convocó a todos los actores regionales, pero no todos aceptaron enfrentar la crisis

Uno de los departamentos más afectados por la violencia posterior al 9 de abril de 1948 ha sido el Cauca.

Su vasto territorio es cruce de estratégicos caminos que por distintos pasos intercomunican las regiones pacífica, andina y la Amazonía, en especial el ubicado sobre las faldas de la cordillera central y el Nevado del Huila, limítrofe con los departamentos del Valle, Tolima y Huila que fue escenario de operaciones de las guerrillas liberales surgidas en los años 50s, y que además de municipios como Miranda, Corinto, Toribio, Jambaló, Caldono, Silvia, Inzá y Paez-Belalcazar,  también influyeron en municipios como Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto en la parte plana habitada por campesinos negros, que en sus fincas cultivaban cacao, café, plátano, yuca, frutales y animales domésticos y algunos pequeños ingenios azucareros empezaban su expansión, mientras funcionarios y chulavitas conservadores los acosaban para que abandonaran sus tierras.  

En diciembre de 1991, planeada por Fidel Castaño y con apoyo de integrantes de la Policía, narcotraficantes que para lavar dineros compraron fincas en la región, financiaron la masacre de 21 indígenas que habían invadido la hacienda El Nilo, en Caloto, mientras en abril del mismo año, en la vereda “Los Uvos”, en el municipio de La Vega, al sur del Cauca,  un grupo de 8 militares pertenecientes al batallón José Hilario López,  asesinó a 17 campesinos, la mayoría de los cuales viajaban en una “chiva” y para despistar pintaron consignas en las que la guerrilla se adjudicaba la masacre.

Durante el gobierno de Cesar Gaviria, desmovilizadas las guerrillas del M-19 y el Quintin Lame y desaparecido el grupo Ricardo Franco, las FARC continuaron su expansión hacia la cordillera occidental, especialmente en municipios como, Buenos Aires, Suárez, El Tambo y Argelia con acceso a López del Micay, Guapi y Timbiquí en la costa; hacia el sur ,en municipios ubicados en el Macizo Colombiano vecinos al departamento de Nariño y en la bota caucana limítrofe con el Huila, Caquetá y Putumayo, mientras el ELN abrió operaciones en la cordillera en límites entre Valle y Cauca, con  caminos hacía el Naya y las selvas del Pacífico y en el sur ampliándose a municipios del Macizo.

En el 2000, tal como está documentado en el informe sobre el Bloque Calima de las AUC, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, https://centrodememoriahistorica.gov.co/bloque-calima-de-las-auc/) llamados y patrocinados por una alianza de los mafiosos  Gordo Lindo y Don Diego, políticos, empresarios de ingenios azucareros y de la industria en expansión gracias a generosas exenciones tributarias de la ley Páez,  y, con el apoyo logístico y en dotación, de la 3a Brigada del Ejército y complicidad de Policías y autoridades regionales y locales, desde Urabá y Córdoba,  fueron importados paramilitares de las AUC. Primero llegaron cerca a Tuluá y después del secuestro masivo de fieles perpetrado por el ELN, en la  iglesia La María, en el barrio Ciudad Jardín de Cali, abrieron operaciones en el sur del Valle y norte del Cauca, con el propósito de desalojar a la guerrilla de su área de influencia y apoderarse del negocio del cultivo y procesamiento de la coca. 

Después de numerosas matanzas y desplazamiento de campesinos y habitantes urbanos en municipios como Jamundí (Valle) Buenos Aires, Suárez, Caloto, Santander de Quilichao, Morales, Cajibio, Piendamó, Popayán y otros del sur, y perpetrar la masacre del Naya y seguir hacía el Pacífico sur por López del Micay, Guapi y Timbiquí, el Bloque Calima de las AUC, oficialmente cesó operaciones entre 2004 y 2005, cuando Álvaro Uribe, en su primer período de gobierno, promovió la desmovilización durante su proceso de Justicia y Paz.

Durante los gobiernos de Uribe continuaron las FARC como principal grupo armado con diversos frentes y cuadrillas operando en casi todo el departamento, hasta que con el proceso de paz iniciado durante el segundo período de Santos y la desmovilización de sus hombres asentándose en campamentos instalados en Buenos Aires, Corinto y Caldono, durante varios meses se sintió ambiente de tranquilidad, sin temor a retenes ilegales, tomas de poblaciones y enfrentamientos entre la fuerza pública y los guerrilleros con afectación en vidas y bienes de la población civil en medio de balaceras y cilindros bomba.

Desmovilizados los guerrilleros de las FARC, no se sabe por qué motivos, el Ejército no controló el acceso a los territorios despejados y con su ausencia facilitó la consolidación de las disidencias en zonas vinculadas a los cultivos de marihuana, coca, amapola y la minería ilegal. Mientras, el ELN abrió operaciones en el nororiente del Cauca, e incluso desde el  Norte de Santander, llegaron los“Caparros” del EPL. También se fortalecieron las Autodefensas Gaitanistas, o antiguo clan del Golfo, extendiéndose como remanente reciclado del paramilitarismo también vinculado al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, entre otros delitos.

Cuando estos grupos se fortalecieron, con aumento del pie de fuerza el Ejército hizo presencia tardía en el territorio, pero sin mayor efectividad en el desmantelamiento de todas estas cuadrillas armadas, que se mueven sin problemas cerca de sus retenes y campamentos, según han denunciado habitantes de Argelia, aunque recientemente el ejército ha enfrentado a las disidencias, al sur, en el municipio de Argelia, la costa pacífica y el área de limítrofe de Toribio y Corinto, a dos horas de Cali, donde hay sembradas cerca de 360 hectáreas de marihuana Crippy, destinada al mercado clandestino nacional e internacional. 

Lo más preocupante es que en medio de tanto actor armado tirando la piedra y escondiendo la mano, para achacarse la culpa entre ellos, los más afectados han sido líderes amenazados y asesinados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, juntas de acción comunal, grupos de ambientalistas, asociaciones indígenas, campesinas y de Consejos comunitarios de las comunidades negras fortalecidas después de la ley de 1993, que les asignó importantes territorios donde los ingenios azucareros buscan expandirse, han sido otorgadas licencias mineras y proyectan construir hidroeléctricas, incrementar cultivos de pinos y eucaliptos para la industria del papel y cartón y en la Costa, en medio de la creciente deforestación, estimular la siembra de palma aceitera, mientras los grupos armados con distintos brazaletes, reclutan jóvenes y niños, luchan por afianzarse en el territorio, extienden cultivos de coca, instalan laboratorios y aseguran rutas fluviales y marítimas para exportar cocaína, a la par que se lucran de la extorsión, el secuestro y la creciente minería ilegal que con sus desechos tóxicos ayuda a contaminar la tierra y aguas en diferentes municipios.

Mientras el gobierno nacional insiste en la lucha antidrogas ilícitas impuesta desde 1974, durante el gobierno norteamericano de Nixon, y anuncia la reanudación de las fumigaciones aéreas a los cocales, -en contravía con lo acordado en el acuerdo de paz con las FARC y afectando a los cultivadores, el eslabón más débil de la cadena-, ante la inoperancia de los Consejos de Seguridad que con bombos y platillos citan las autoridades cada que matan a un líder de renombre, en febrero de 2021, el gobierno departamental del Cauca, propuso un Pacto por la Defensa de la Vida, la Paz y el Territorio, convocando a organizaciones comunitarias rurales y urbanas, de mujeres, a la Asamblea Departamental, la Asociación de Personeros del Cauca, varias universidades encabezadas por la del Cauca y gremios productivos del comercio, agricultores, la industria. 

Hasta ahora, de los gremios empresariales se ha vinculado al pacto la Cámara del Comercio del Cauca, mientras representantes de la Sac, la Andi y los  ganaderos han expresado críticas al acuerdo firmado por  considerar que favorece a las organizaciones indígenas, de comunidades afro-descendientes y de campesinos, con quienes han tenido repetidos conflictos debido a las tomas de tierra y movilizaciones y bloqueos a la carretera que han promovido principalmente los indígenas Nasa (antes paeces) agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, entrando incluso en conflictos con indígenas de otras etnias,  como los Misak, (antiguos guambianos) y con campesinos y comunidades afrodescendientes que en algunos municipios han disputado los mismos territorios. 

También califican al Pacto como inoperante,  dirigentes políticos y personajes como el exgobernador Cesar Negret Mosquera, afines al gobierno nacional y a sectores partidarios de “hacer trizas los acuerdos de paz”  coaligados a los partidos políticos que sucesivamente han sido derrotados en las elecciones regionales por el grupo al mando del actual senador Temístocles Ortega, quien después de volver a ser gobernador hace diez años y matricularse con reservas en Cambio Radical, gracias a una coalición logró que sus pupilos Rodrigo Campo y Elías Larrahondo Carabalí, fueran electos como gobernadores derrotando a los liberales aliados con grupos  cercanos al gobierno nacional, a la par que los sucesivos gobiernos departamentales controlados por su grupo, se vieron favorecidos por la lotería del notable incremento en recursos para inversión en obras y estudios de proyectos por concepto del sistema general de regalías, de gran impacto en un departamento, que pocos recursos propios genera, y por ello depende de los aportes de la nación.

Pese a las dificultades, sigue adelante el Pacto por la Defensa del Territorio, la Vida y el proceso de Paz, impulsado por el gobierno departamental, que el pasado martes 15 de marzo, en el centro de Convenciones Casa de la Moneda, de Popayán, realizó la 3a reunión con el propósito de ampliarlo y  fortalecerlo.

Con seis años de retraso en el inicio la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, ya adjudicada; con el anuncio del arribo al nororiente caucano del grupo Marquetalia, dirigido por Iván Márquez, para disputar el terreno a la disidencia Dagoberto Ramos, y el  fortalecimiento de diversos grupos armados que se disputan la intrincada geografía caucana y usan a las comunidades como escudo para defenderse de las fuerzas armadas y bandas rivales; más el continuo acoso y atentados contra líderes de diferentes organizaciones comunitarias que se oponen a los cultivos ilícitos ligados al narcotráfico y la minería ilegal; con el presupuesto de regalías disminuido en un 65% para el bienio 2021-2022, que el gobierno departamental, en parte, espera compensar con recursos Ocap Paz y los asignados a municipios incluidos en el PDET; en vísperas del reinicio de la fumigación aérea en municipios cocaleros como Argelia y El Tambo y costeros del Pacífico; y con la cuarta reunión ampliada  a celebrarse en abril por iniciativa del gobierno departamental para consolidar el Pacto por la defensa de la Vida, el acuerdo de Paz y el Territorio, a grandes rasgos este es el complejo panorama del departamento del Cauca, antes que cope la agenda la campaña electoral para renovar Congreso y la Presidencia de la República.