Por Fabio Castillo 
Director de EL DIARIO ALTERNATIVO 

El espacio de opinión que ganaron los extraditables con la retórica, lo perdieron con la violencia, y la entrega de los narcos a la justicia de los Estados Unidos volvió a ser una opción clara, y hasta deseable.

La imagen fue transmitida en directo por la incipiente televisión colombiana, que todavía no cumplía una década de estrenar el color: el helicóptero se posó junto a una casa veraniega de las afueras de Medellín, la capital del célebre cartel de la cocaína que tomó su nombre. De allí salió, esposado, Carlos Lehder Rivas, el hombre de la organización que había llegado a Colombia luego de comprarse una isla en Las Bahamas, el paraíso caribeño frente a los Estados Unidos, y que utilizó como plataforma para hacer llover cocaína sobre la Florida.

Era febrero de 1987, y culminaba así una de las más antológicas cacerías humanas de los todavía congruos archivos judiciales del país. Lehder se había mostrado en público como un Rambo latino, le había regalado una avioneta al gobernador del departamento donde fijó su residencia y había contratado al mejor escultor colombiano para que le hiciera una estatua en bronce de tamaño real de su ídolo, John Lennon,  para adornar la entrada al monumental hotel que se había mandado construir para recibir a los compañeros de su organización, Los Extraditables.

La extradición, tras el asesinato de los magistrados que la defendieron y aplicaron, se volvió inaplicable por recurso de intimidación, pero a su amparo creció el imperio político y económico de los carteles de Medellín y Cali.

Para entonces esta organización, una especie de brazo armado político y mediático de los grandes carteles de la droga, ya había asesinado a un ministro de justicia, una decena de jueces, unos quince periodistas y había financiado la toma del Palacio de Justicia, donde fueron inmolados los magistrado de la Corte Suprema de Justicia encargados de revisar la extradición de narcotraficantes y del Consejo de Estado, el organismo que hace control legal sobre los actos del gobierno.

Las posiciones se habían planteado en estos términos. Los narcotraficantes decían que preferían antes “una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”. Y el primer ministro de Justicia que los enfrentó, Rodrigo Lara Bonilla, decía que “mientras los jueces colombianos le temen a los narcos, los narcos sólo le temen a los jueces gringos”.

Por entonces yo era el jefe del equipo de investigaciones del diario El Espectador, de Bogotá, y en nuestra línea de trabajo figuraba en primera línea la biografía de los grandes traficantes. Allí habíamos descubierto el prontuario judicial de Pablo Escobar cuando fungía como conspicuo miembro del Congreso, al igual que un célebre contrabando de ganado español para una de las haciendas de sus asociados, los miembros del clan Ochoa. Pero además entre mis labores ordinarias de reportero estaba el cubrimiento de las noticias que producía la Corte Suprema de Justicia, en ese momento el juez constitucional de los tratados internacionales, como el de la extradición con los Estados Unidos, y testigo por eso de los sufragios que recibían, casi a diario, los magistrados, en los que Los Extraditables los invitaban a sus propias exequias, o a las de sus familiares más allegados.

Era una tensión endemoniada.

El poder judicial era, como la llamaba uno de los magistrados, la rama seca del poder estatal. Los jueces debían acomodarse  de a cuatro por cada carro, más bien unas carrozas decimonónicas que no consumían sino devoraban gasolina, y apenas lograban los 50 kilómetros por hora cuando recién salían del taller de mantenimiento.

A ellos les correspondió enfrentar al crimen organizado.

Eran cuatro magistrados en la Sala Constitucional, encargada de los tratados, y ocho en la Sala de Casación Penal, que debe revisar la fundamentación formal de las solicitudes de extradición. Todos ellos murieron en el fuego cruzado de la guerrilla del M-19, que se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1986, y el Ejército, que entró a sangre y fuego “a defender la democracia, maestro” como dijera en lapidaria frase el coronel encargado de la operación militar.

Los barones de la droga se le pararon al frente a la extradición y al poder judicial, y, claro, perdió el poder judicial.

Pero no fueron sólo ellos ni sólo por eso. Los jueces que pretendían encausarlos, investigarlos o incluso si se atrevían a fallar en su contra los pleitos civiles de divorcio a favor de las esposas caídas en desgracia. El periodista que investigaba los múltiples casos de abusos contra campesinos y sus hijas, pero también porque se encargaban de financiar a los políticos que se comprometían con la protección de sus intereses. O el periodista que no escribía notas cuando llegaban los comunicados de Los Extraditables. O el  abogado que impugnaba cualquier decisión tomada a favor de ellos.

Pagaban 300 dólares por policía muerto. La muerte de una persona relevante no dejaba al sicario más de mil dólares.

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En un país acostumbrado a raciocinar con la lógica de las telenovelas, el argumento de los extraditables causó su impacto: una madre no entrega a su hijo malcriado para que la vecina lo corrija. La extradición, tras el asesinato de los magistrados que la defendieron y aplicaron, se volvió inaplicable por recurso de intimidación, pero a su amparo creció el imperio político y económico de los carteles de Medellín y Cali.

El director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, tuvo claro que la extradición era un arma jurídica y política contra el crimen organizado, dada la falencia de nuestro sistema judicial, y así lo expresó en su columna, Libreta de Apuntes, hasta cuando fue asesinado a la salida de su periódico, en la noche del 17 de diciembre de 1986.

Todos los periodistas vivíamos entonces en la clandestinidad, las notas no se firmaban, como harían más tarde los jueces y magistrados, también para proteger su vida, y la capacidad de protección de los servicios de seguridad del Estado apenas llegaba a advertirnos que de Medellín o Cali acababa de salir un grupo de sicarios con la misión de atacarnos.

De esta forma el espacio de opinión que ganaron los extraditables con la retórica, lo perdieron con la violencia, y la entrega de los narcos a la justicia de los Estados Unidos volvió a ser una opción clara, y hasta deseable.

Carlos Lehder había sido capturado por la policía en la madrugada en la casa donde había congregado a un grupo de jóvenes a los que se había aficionado en sus orgías de droga. Los cuerpos de inteligencia le habían “sembrado” uno de sus agentes entre el grupo, y así pudieron localizarlo en cuestión de horas. Lehder nunca demoraba más de 24 horas en un mismo sitio.

Al mediodía Lehder fue montado a bordo de una avioneta que lo trasladó de Medellín a Bogotá. Una batería de abogados estaba ya dispuesto para interponer todos los recursos jurídicos, pero cuando la avioneta aterrizó en el Aeropuerto Eldorado, Lehder fue notificado de una resolución ejecutiva firmada por el presidente Virgilio Barco: se autorizaba su extradición a los Estados Unidos.

En la misma pista del aeropuerto la policía colombiana entregó  a Lehder a representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo montaron sin dilación alguna en un avión de matrícula norteamericana que los esperaba a pocos metros de la aeronave colombiana. Cuatro horas más tarde aterrizaba Lehder en la Florida, con uniforme color naranja y esposado de pies y manos a una cadena atada a la cintura.

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Desde ese febrero de 1987, Colombia ha entregado a la justicia norteamericana a unas 500 personas, acusadas de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos y de lavar el dinero procedente de tales operaciones. Tal vez un diez por ciento de ellos corresponde a capos de cartel.

Las extradiciones no sólo han cobijado a los grandes capos, como los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o al mismo Lehder, sino que han llevado a los estrados gringos a homónimos, a personas cuya deficiente identificación sólo se aclaró ante el juez, luego de más de seis meses de reclamar infructuosamente en Colombia por la confusión.

Pero no han sido esos los casos más relevantes. En 1998 publiqué una investigación periodística en, el ahora semanario, El Espectador, uno de los escándalos más grandes y todavía no aclarado en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: Baruch Vega, un fotógrafo de modelos residente en Miami, contactó a medio centenar de narcotraficantes en Medellín y Cali, los invitó a unirse a un programa clasificado de secreto del gobierno estadounidense, que consistía en entregar US$50 millones en efectivo más las rutas de su dominio, y a cambio recibir una especie de indulto judicial.

Unos 70 narcos colombianos se reunieron en Panamá para ultimar los detalles con Vega. Allí estuvieron presentes agentes del FBI y la DEA, y con ellos se organizó su presentación ante una fiscal en Miami, donde recibirían su diploma de súbita buena conducta.

En una entrevista que hice a Vega, éste aseguró que tenía diferentes medios de convicción para concluir que el dinero recibido por las agencias americanas fue desviado para participar en la financiación de las bandas paramilitares que operan en Colombia en la guerra sucia contra la guerrilla.

Unos 70 narcos colombianos se reunieron en Panamá para ultimar los detalles con Vega. Allí estuvieron presentes agentes del FBI y la DEA, y con ellos se organizó su presentación ante una fiscal en Miami, donde recibirían su diploma de súbita buena conducta.

Por ahora la solución al esquema es imposible, pues casi todos los testimonios con base en los cuales se procesó a Baruch Vega fueron declarados secretos y están fuera de los archivos públicos que mantiene el sistema Pacer, donde se pueden consultar por Internet los documentos con base en los cuales se procesa a una persona en los Estados Unidos.

Casi sin excepción los procesos contra los extraditados terminan en acuerdos con la justicia americana, en la que se canjea libertad por información. El beneficiario es claro, no la sanción de la conducta criminal, sino los “positivos” que buscan las mismas  agencias.

Dos décadas más tarde y 500 colombianos menos involucrados en el tráfico de drogas, lo cierto es que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa no ha sufrido un solo revés serio, y la especialización en la heroína, más compacta para el transporte y también más cara, ha generado multiplicación de nuevas organizaciones y en igual proporción su capacidad de soborno, intimidación y compra de políticos y de aparatos mediáticos de contra información.

En lo profundo de las selvas colombianas se libra una batalla diaria del gato y el ratón entre los cocaleros y las avionetas cargadas de químicos para fumigar los cultivos, mientras los campesinos afirman que con solo cubrir con un condón el pompón de la amapola, protegen la fuente de la heroína, que crecerá más fuerte luego de la fumigación aérea pues lo habrá librado de alimañas.

Parecería entonces que la única estrategia que de verdad se ha mostrado resultados en la lucha contra el crimen organizado ha sido la congelación de los dineros de la mafia y sacarlos del circuito financiero. En el último año Colombia se ha incautado de más de US$100 millones en efectivo, que los carteles tenían ocultos en caletas en sus casas.

El último episodio apenas ocurrido la semana pasada, cuando un sorprendido general  Óscar Naranjo, jefe de la Policía secreta, mostró a la televisión US$12 millones de dólares en lingotes de oro acuñados en un banco suizo, cuando el día anterior había hecho lo mismo, pero con 34 millones de dólares en billetes de cien dólares empacados al vacío, y que estaban al cuidado de una sordomuda y un ciego en una casa de familia en Cali.

El mismo clan de los hermanos Rodríguez Orejuela fue desarticulado al ser expuestas las triquiñuelas empleadas para intentar mantener bajo su control una cadena de farmacias a través de la cual lavaban el dinero de sus actividades.

El tesoro es la clave, mientras que  la extradición genera como subproducto el descaecimiento del aparato judicial propio, la abdicación del ejercicio de la soberanía en materia penal, la extremaunción de los jueces y de su necesaria especialización en la investigación de este tipo de delitos.

Hoy en día el paradero de Carlos Lehder constituye un misterio. Hay decenas de páginas en Internet que lo ubican en Alemania, en algún pueblo de perdido de los Estados Unidos, y hasta de agente encubierto en organizaciones del narcotráfico centroamericano.

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Tomado de LaRevista, de México.