Vladímir Putin por Negus

Por Fabio Castillo
Director El Diario Alternativo

¿Sirve la inteligencia en Colombia para proteger la seguridad del Estado o la emplean los políticos en el poder para alimentar sus propios intereses?

En cualquier país la presencia de espías rusos sería el inicio de un novelón de suspenso. En Colombia, apenas un punto y coma en la enumeración de los hechos aislados que tejen nuestra manipulada realidad cotidiana.

Y ello, porque tres meses antes la noticia había sido la presencia, en Colombia, de dos mercenarios extranjeros, uno ruso y otro israelí para más señas, que iban a atentar contra la vid del presidente Iván Duque y su familia, en ese orden, según las noticias. Y a los 90 días lo fue la expulsión insólita de dos funcionarios de la embajada de Rusia en Cali, la tierra del manjar blanco y la salsa, donde según  las versiones de prensa habían contratado una red de apoyo en esa ciudad para conocer los secretos de la infraestructura naranja en el país.

Apenas un año antes, siendo fiscal Néstor Humberto Martínez, el funcionario había “puesto al descubierto” un tenebroso plan de las comunidades indígenas para atentar contra el presidente Duque, en plena celebración de la minga comunitaria que tenía por objeto exhibir la ausencia total de compromiso del Estado en el cumplimiento de los acuerdos celebrados con los pueblos ancestrales para respetar su tradición e historia.

Todas esas historias tienen un elemento en común, que su fuente es una operación de inteligencia, y una raíz, imponer o por lo menos cambiar de agenda noticiosa a los medios corporativos de comunicación en momentos de crisis interna. Mermelada para su cerebro.

En la mente de los colombianos está todavía fresco el aluvión de informaciones que se publicaron en torno al proceso 8000 –la financiación de la elección de Ernesto Samper por el cartel de la cocaína de Cali en 1994

Como hace un año con el compló de Martínez, igual pasó página la historia sin inmutarse sobre los dos mercenarios y los espías rusos: juego de sombras para distraer la atención de la realidad tozuda.

Y es que si en Colombia coinciden campaña política y cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas, el cóctel suele ser exasperante: es en ese momento cuando proliferan las noticias filtradas desde las fuentes oficiales u oficiosas, que hablan de atentados, amenazas de seguridad nacional, y, últimamente, los preferidos, la amenaza externa de terrorismo directo.

A los escándalos, que cada vez más se nos vuelven paisaje, de las interceptaciones ilegales o subrepticias a los líderes de la oposición, periodistas y activistas sociales, se suman los provenientes de la aparición de las “fuentes humanas” que se les presentan a las agencias de inteligencia para advertirles de mercenarios que atentarán contra el presidente de turno, a la insólita aparición de espías rusos en Cali, una ciudad agroindustrial de 2.5 millones de habitantes y que hace décadas fuera la sede preferida de las multinacionales, hasta cuando sus cárteles las sacaran corriendo, despavoridas, por la súbita cooptación de la economía local, todavía no repuesta.

La infraestructura de servicios de electricidad, agua y algunas telecomunicaciones del Valle del Cauca,  la maneja la muy cuestionada empresa estatal Emcali. A 2019 la región cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de 22.9 millones por habitante, el octavo del país luego de regiones como la de Santander, Boyacá o Meta. Poca sorpresa por descubrir en una labor rusa de espionaje.

Eso se dio mientras en el mundo se publicaba la carrera internacional por el desarrollo de una vacuna que inmunizara contra la Covid-19, con la gringa Pfizer a la cabeza mientras chinos y rusos creaban su propio antivirus. Pero en Bogotá estalló un escándalo desde “fuentes cercanas al gobierno”: el Palacio de Nariño expulsaba a dos diplomáticos rusos, tres meses después de que apenas se tomara en serio la noticia sobre los mercenarios extranjeros en el país.

Los elementos que también se cruzan con estas historias son los de un periodista que acepta publicar noticias de “altas fuentes” del gobierno, sin mencionar ni contrastar, y un servicio de inteligencia que, por igual, puede manipular a su antojo a funcionarios del alto gobierno que a periodistas deseosos de complacer el oído de su prolífico anunciante publicitario. Podría deducirse de ello que los periodistas manejan las noticias como sus tesinas de grado, se copian unos de otros, hasta convertirlas en hipótesis.

En la mente de los colombianos está todavía fresco el aluvión de informaciones que se publicaron en torno al proceso 8000 –la financiación de la elección de Ernesto Samper por el cartel de la cocaína de Cali en 1994- y que por lo general no fueron más que filtraciones de oficiales de inteligencia de la Armada a los periodistas que los querían escuchar. Muy poca fue la “información de inteligencia” de la época que se usó para hacer periodismo de investigación, y ello facilitó a la Fiscalía General de la Nación atomizar en centenares de investigaciones todos y cada uno de los hechos delictivos allí descubiertos, para luego dejarlos perecer en sus espaciosos anaqueles de la impunidad judicial.

Ello abrió paso a la nueva fase en la manipulación, la de los falsos positivos de la inteligencia, creados como operación sicológica para ganar adeptos y asegurar ascensos, o más común, para rescatar la menguada credibilidad del gobernante de turno.




La “comunidad de inteligencia” del Estado es en realidad una compleja red de vasos incomunicados, que permiten explicar sus pobres resultados. El gráfico es del trabajo de investigación académica de Diana Catalina Cortés González, especialista en inteligencia estratégica y ciencias políticas. /Gráfico de Diana Cortés.

De los muchos casos que se conocen en público, el del director del DAS –la policía secreta de la época, dependencia directa del despacho presidencial- de Barranquilla fue el más bochornoso: en abril de 2002,  un mes antes de las elecciones presidenciales, un carro bomba explotó al paso de la caravana que llevaba al candidato Uribe Vélez. Tres personas murieron y unos 20 pasajeros de un bus que pasaba por la zona del caño del Ahuyamo resultaron lesionados. Tres años más tarde la Procuraduría General ordenaría la destitución del director del DAS de Barranquilla, tras demostrar que fue él mismo quien ordenó hacer el atentado, para favorecer al paisa Uribe Vélez. Antes de producirse la decisión, la misma seccional de la policía política “desactivó” otros dos supuestos atentados dirigidos contra el mismo político paisa.

Para la misma época se habría de investigar a cuatro suboficiales que Ejército que habrían orquestado, por lo menos, siete “atentados”  con bomba en las goteras de Bogotá y en vísperas de la segunda investidura del paisa Uribe Vélez como presidente. ¿El propósito? El mismo, ganar puntos a costa de los colombianos para embellecer sus demeritados galones del ascenso.

Para la misma época se habría de investigar a cuatro suboficiales que Ejército que habrían orquestado, por lo menos, siete “atentados”  con bomba en las goteras

 Después ya se conocen de sobra los escándalos de las “operaciones de inteligencia” que le montaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justica para escuchar sus deliberaciones, y que no consistían más que en aprovecharse de las necesidades económicas de la señora que servía los tintos para que ocultara una grabadora para espiar sus votaciones secretas. Luego vinieron las “salas de hackers” que tenían montadas en las principales ciudades para reclutar personas con capacidad de manejo de redes y ponerlos al servicio de sus redes clandestinas de escuchas. Guerra estatal cibernética sucia.

La corrupción llegó al punto que dos de los directores del DAS de la época, María del Pilar Hurtado y  Jorge Noguera, terminaron en la cárcel y acusados de los más horribles delitos que se puedan imputar a un funcionario de inteligencia.

Como suele hacerse en Colombia, la solución fue vender el sofá. O sea, liquidar el DAS y sepultar sus archivos, para crear una pomposa Dirección de Inteligencia, encargada de coordinar todas las inteligencias y de producir ella misma sus resultados.




La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, desde su creación solo ha emitido cuatro comunicados a la opinión pública, y ninguno para dar cuenta de alguna acción o logro institucional, sino para limitarse a negar haber participado en la interceptación a las comunicaciones de los colombianos. La transparencia no suele ser su virtud. / Captura de su página web, diciembre 2020.

Para hacerse una imagen de la transparencia de la DNI, hasta ahora siempre a cargo de la Armada en un retiro, véase la página de los comunicados de prensa desde su creación (facsímil)

Tres comunicados en tres años, y todos para negar que esté involucrada en escándalos de chuzadas que ha publicado la prensa.

Y la DIN puede considerarse un avance jurídico, pero solo en el papel. Según la ley que la creó debe contar con un auditor de sus actividades, y en la página web de la institución no figura una sola recomendación suya. Es más, dentro del organigrama mismo no figura un nombre, por lo que se le envió un derecho de petición para que confirmara su designación y permanencia en el cargo.




La ley que reguló las actividades de inteligencia ordenó al Congreso de la República crear una Comisión Parlamentaria (sic) de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia, pero al someter ese nombre al buscador de su página el resultado es nulo: la comisión ni siquiera se ha integrado. / Captura de su página web, diciembre 2020.

Otra institución creada en la ley para controlar a otra institución: a la DIN se la debe supervigilar desde una Comisión Parlamentaria de Seguimiento a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia que, como su nombre y reglamento parece indicar, debe ejercer un control sobre las operaciones de inteligencia. No hay sin embargo una sola noticia que se haya producido sobre la integración de la citada comisión, aparte del hecho de que en Colombia no hay parlamento sino congreso.

Y cuando se entra a la página web del Congreso ni siquiera figura en sus archivos una nota sobre la existencia u operación de la citada comisión (facsímil).

Inteligencia sin control, y a su buena disposición. Como los gastos reservados de las Fuerzas Militares, tal cual.

Según analistas políticos la respuesta a estos hechos estaría en la estrategia adoptada desde el gobierno que, a la manera de los gobiernos parlamentarios europeos, tienen un primer ministro que maneja las relaciones internacionales y un ministro interior, que se ocupa de gobernar el país.

Duque sería el primer ministro para manejar las relaciones internacionales, pero, primero, nombró a una canciller de bajo perfil, que al menor movimiento despierta los esqueletos de su armario caleño. Y luego, para estructurar una política internacional se requieren dos elementos, el garrote y la zanahoria, y con ninguno de los dos cuenta de manera apreciable siquiera. Para intentar dejarle el gobierno local a la vicepresidenta afloró otro tropiezo, ella se encontró con el traspié de su fantasma, que  la debilitó en el obrar.

Y así, a mitad de camino y ya casi con el sol a la espalda, Duque vive todavía el reto de definirse e intentar abrir senda, mientras el país lo desdibuja.