Como casi todo el Pacífico, Tumaco padece las consecuencias del aislamiento que le impone el centralismo bogotano. Controlada por el férreo dominio feudal de una sola familia, con amplio enroque en las expresiones subterráneas del poder real, Tumaco padece sin salida la mayor crisis humanitaria, ante indiferencia de todo el país.  

Llegó hasta el punto ese control que, en 1997, se necesitó que el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, amenazara con suspender toda cooperación internacional si esa familia volvía a inmiscuirse en la administración de los dineros del Estado. Semejante forma de injerencia en los asuntos internos no pudo tener respuesta del gobierno, porque es un secreto a voces como operan ellos y a favor de qué intereses.

Un día son los desplazamientos masivos y al siguiente las masacres de civiles inermes, un par de líneas en los medios noticiosos, y el regreso a la mimetización y la invisibilidad de los problemas.

Acá también la imposición de agendas de noticias desde el gobierno ayuda a pasar fácil la página sobre el oprobio que es la realidad que gobierna ese puerto, como también sucede con Buenaventura.

Entre muchas cosas, en los archivos históricos de Tumaco yacen la clave de la toma guerrillera del Palacio de Justicia de Bogotá (6 de noviembre de 1985), y de la subsiguiente retoma militar del mismo Palacio. En las dos operaciones Tumaco tiene las claves de su participación, y ya es hora de que ello se empiece a conocer.

En febrero pasado fueron once asesinatos masivos, pero las noticias de la prensa de cubrimiento nacional son escasas. Si no hay matanza, no clasifica en titulares.

Por eso presentamos esta nota de 2007, que muestra lo poco que ha cambiado el escenario doloroso de Tumaco:  

Por Fabio Castillo
Director El Diario Alternativo 

Tumaco, amordazada por el miedo

Como pueblo que se respete, Tumaco tiene una tienda llamada El Rey de los Precios Bajos, un alcalde que va y viene de la cárcel, un frente de la guerrilla en sus puertas, un comando paramilitar mimetizado entre sus calles, y un reloj en la iglesia que nunca da la hora.

Un elemento lo distingue de casi todos los pueblos colombianos, que tiene un Comando de Infantería de Marina. Pero eso hace toda la diferencia.

Desde diciembre del año 2000 Tumaco es agobiado por una ola de violencia, que lo tiene aislado de resto del país por carretera; cuando se llega al aeropuerto La Florida, un militar de boina roja filma a todos los pasajeros, quienes hacen como si no les importara, y las centenares de rutas francas al mar son copadas por el contrabando de armas, coca, maderas finas y los mercados que ahora llevan a Ecuador, más caro desde la dolarización vecina.

Al Comando de la Armada lo acusan, y no en singular, sino en un agobiante plural, de servir de escudo de protección a un grupo paramilitar que llegó a Tumaco en septiembre pasado, asesinó a los pandilleros en tres días, luego desterró o enterró a los pordioseros, y desde hace tres meses persigue a los activistas independientes y los líderes obreros.

Estos son unos términos que suenan extraños a los miles de desempleados que pululan en un pueblo donde residen 150.000 personas para las que los $27.000 millones que recibió Tumaco en los últimos cinco años como regalías, adicionales a su presupuesto, no alcanzaron para dotarlos de agua potable, calles pavimentadas, o la educación que cree el puente que la naturaleza les negó con las grandes ciudades.

Primera escena

Pero la leve diferencia de Tumaco no es sino aparente: ha sido, además, centro del narcotráfico en la Operación Milenio, de Ochoa y Bernal Madrigal; la Operación Camarón, de José Castrillón Henao, y la Operación Neche, que concluyó con Jairo Aparicio Lenis en la cárcel.

Tumaco es controlada por un clan político, epicentro de todo escándalo (Recuadro.)

El silencio

Pero en Tumaco nadie quiere hablar. Sus habitantes temen que el silencio se interrumpa por la denuncia con nombre propio. Temen a las retaliaciones, y a ellas achacan las 39 muertes con móviles políticos ocurridas en los últimos ocho meses.

Nadie recuerda ya dónde está la tumba del periodista Flavio Bedoya, asesinado el pasado 27 de abril desde dos motos, a pocas cuadras de la estación de policía. Autor de múltiples denuncias sobre corrupción y gestores de la violencia en el municipio, Bedoya, fundador del periódico La Ola, escribió con seudónimo un artículo para el semanario Voz, del partido comunista, donde hablaba de la participación de un militar en la toma de un caserío.

El caserío es Llorente (1° de abril de 2001), la zona que hasta 1999 controlaba Jairo Aparicio Lenis, detenido por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, asociado con un grupo del cartel de Cali. Hoy es el escenario de una sangrienta lucha de posiciones entre dos organizaciones de traficantes del Valle y Antioquia, operaban tres columnas guerrilleras –el frente 29 de las Farc, y los históricos del Eln Héroes de Barbacoas y Guerreros de Sindagua– y una organización paramilitar que tiene asiento indistinto en los barrios Pradomar y La Cordialidad de Tumaco, o en las veredas de Milagros y Boca Nueva.

Hace más de un año la Fiscalía no practica diligencias de levantamiento de cadáveres en la zona rural del municipio, que alberga al 60% de sus habitantes, porque allí se libra una batalla inédita. En torno de Llorente hay sembradas 20.000 hectáreas de coca. Allí llegan los desplazados de Putumayo, donde son reclutados por los “paras” a $20.000 el día, libre de comida, dormida y retención en la fuente.

La violencia

Tumaco navega en el desempleo. Sus habitantes disputan al mar el mínimo grado de subsistencia con la pesca, y la venta de tienda al menudeo es el centro de su economía.

Pero sus verdaderos problemas empezaron el 13 de septiembre del año pasado.

Amenazaron al único organismo que sirve de núcleo social y espiritual en el puerto, la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, y que tiene en el padre Guillermo León Correa –delgado, sencillo, pequeño, sensible– la única fuente de fortaleza colectiva.

Ese día 13 ocurrió la primera muerte que se imputa a los paramilitares, la del vigilante de la plaza de mercado, a quien llamaban por asociación obvia La Mosca.

Luego otras siete muertes, al mes siguiente doce, catorce en diciembre: la espiral de la violencia ya no volvió a detenerse. Nadie la mira.

“La operación es similar a la de los ‘paras’ en cualquier ciudad” explica un fiscal del puerto que, como casi todas las fuentes allí, aceptó hablar en condición de anonimato. “Primero una operación de ‘profilaxis social’”, explica el fiscal con algo de relamerse sobre tan elegante expresión para tan bajo propósito, “para ganar respaldo social. Luego, la muerte de las voces independientes, que por acá suelen ser pocas”.

Acostumbrados a lidiar con delitos menores, los fiscales no saben en quién apoyarse para una investigación. Se da un conflicto de jurisdicción entre el comando de la Armada, que no supera los 20 kilómetros hacia el interior de la costa pacífica, y la guarnición militar más cercana, el Grupo Cabal, a cuatro horas por carretera.

El procurador Regional, Julio Medina, recuerda que en la toma de Llorente a los militares les tomó casi tres días llegar a la escena del enfrentamiento.

Allí se encuentra Villa Neche, ahora controlada por “los paisas”, y que fue denunciada en 1991 como sede de un grupo de “limpieza social” que exterminó 30 personas en el puerto.

El procurador sumó esta investigación por la tardía asistencia militar a las 237 averiguaciones disciplinarias que cursan en su despacho.

El espacio independiente se cierra poco a poco: un programa de radio, La caja de Pandora, debió suspenderse. Los maestros perdieron su junta directiva, tras ser fotografiados desde un vehículo sin placas.

Carmela, Bernardo, Flavio: dos desplazados, un muerto. Un puerto que naufraga en medio de la indiferencia general.

Un desertor desveló la clave

A raíz de un ‘juicio’ de los paras contra uno de sus miembros, Danilo Valencia, a quien acusaron y condenaron porque supuestamente extorsionaba a los comerciantes de Tumaco sin su autorización, se produjo la deserción de otro miembro de la misma organización, Giovani Arboleda, y toda la trama de la organización paramilitar quedó desvelada.

El jefe general de los paras en Tumaco se llama Pablo, y en el área urbana la organización está a cargo de Gustavo. El contacto para la seguridad se hizo con un antiguo miembro del Comando de la Marina, y son financiados especialmente por seis de las más grandes empresas que operan allí.

La cobertura política la aseguró un cacique de la región, y la meta es asegurar el control que permita restablecer la maquinaria del tráfico de drogas y armas, que resultó bastante maltrecho luego de la llamada Operación Milenio.

Tumaco llegó a esta situación como reacción al Plan Colombia: la presión que vivía Putumayo es hoy la del puerto.

“Conocemos a los asesinos de Flavio Bedoya”, dice otra fuente, por un testigo, pero no hay cómo acusarlo judicialmente.

Una semana después de la visita a Tumaco se inició la gran ofensiva contra el sur del país, en la frontera con Ecuador: al otro lado de donde se ocultan los paras, y donde se procesa la droga.

Pero ya ha llegado a Tumaco el arma pesada, y eso puede hacer, de nuevo, toda la diferencia.

Recuadro final: 

Una familia en todo Tumaco

La historia de la política en Tumaco tiene casi un apellido exclusivo, el de la familia Escrucería.

En la década de 1970 y 1980 su protagonista fue Samuel Escrucería Delgado, pero un proceso por soborno en las minas de esmeralda de Boyacá, como funcionario de la Contraloría General de la República, minó su influencia y perdió su curul en el Congreso.

Una visita de vacaciones a su hijo en los Estados Unidos terminó en la cárcel. Fue condenado a dos siglos de prisión por tráfico de narcóticos, y murió allí.

Su hijo, Samuel Alberto Escrucería Manzi, fue condenado en Colombia por peculado y, según una demanda que cursa con ese argumento, no podía postularse a la alcaldía. Pero fue elegido, y ahora en ocasiones hay alcalde encargado, en otras titular, como ahora, mientras se espera el resultado de otra investigación disciplinaria, que ya ordenó su destitución en primera instancia.

La elección del alcalde con doble prontuario fue demandada, y ahora se espera una decisión en la justicia administrativa.

“Escrucería Manzi fue condenado mediante sentencia ejecutoriada por un delito que implica pena privativa de la libertad, y que no tiene el carácter de delito político ni de delito culposo”, dijo el Consejo de Estado en 1992, cuando le decretó la pérdida de investidura de senador, la primera decisión que se tomó en Colombia.

Y en ese escenario político irrumpen los actores del conflicto armado en ese Tumaco, la cuarta parte de Nariño.