Por Redacción
El Diario Alternativo 

La compra de seguros de vida de enfermos terminales de Estados Unidos por colombianos ansiosos de sacar su dinero del país terminó en un monumental proceso de lavado de dineros de un narcotraficante. Industriales, abogados, comerciantes, políticos y conocidos periodistas se vieron involucrados en un proceso penal que les demostró que hacer negocio con la muerte no paga.

Tres mil colombianos hicieron un negocio con la muerte, que estuvo a punto de sepultarlos. Durante dos años compraron pólizas de enfermos terminales en Estados Unidos, que se harían efectivas cuando éstos murieran, momento en el que recibirían su inversión original, más un rendimiento sustancial. Lo que no podían saber era que la empresa que manejaba el negocio al mismo tiempo transfería millones de dólares de un presunto narcotraficante, camuflados con las otras operaciones, para borrar su origen.

Tres años después de iniciada la investigación, el juez Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, Julio Roberto Ballén Silva, dejó en claro lo que había pasado. Condenó a 53 años de prisión a las seis personas que participaron en la operación y sepultó las demás transacciones, por considerar que si bien hubo una fuga de capitales, no hicieron parte de un esquema para lavar dinero, pues los recursos invertidos tenían un origen lícito: su propio trabajo. Y este flujo de dineros no es delito.

Para iniciar el negocio habían coincidido dos circunstancias, Rodrigo José Murillo, un presunto narcotraficante, pendiente de juicio en los Estados Unidos luego de ser extraditado hace varios meses, había decidido retirarse para dedicarse a disfrutar de sus millones de dólares, y varias empresas de seguros de los Estados Unidos habían lanzado una agresiva campaña publicitaria para captar dineros con una forma novedosa de lucrarse: la venta de seguros de vida de personas cuya muerte certificaban los médicos se produciría antes de dos años.

El negocio se proponía sin riesgo: un médico estadounidense certificaba que su beneficiario estaba en situación terminal. La póliza se ponía a la venta, para ser tomada por una o varias personas, que aportaban el dinero que recibiría el futuro muerto, con un descuento entre el 15 y el 30 por ciento, que constituiría su ganancia.

Por un lado había colombianos que deseaban sacar su dinero del país por seguridad personal o para protegerlo de la devaluación, y por el otro los enfermos terminales de los Estados Unidos, que habían tomado seguros de vida y deseaban disfrutar del dinero de sus pólizas antes de morir.

Una especie de venta de futuros, sobre seguros. El anuncio de la operación fue explícito en numerosos avisos de publicidad en la revista Semana, al tiempo que se contrataba a promotores y vendedores, especialmente mujeres vinculadas con la alta sociedad y el “jeep set” bogotanos, para que contactaran a personas de su ámbito, con capacidad de invertir entre diez y 60 millones de pesos, en dólares.

El negocio se proponía sin riesgo: un médico estadounidense, reconocido por la aseguradora tomadora de la póliza, certificaba que su beneficiario estaba en situación terminal, y que tenía apenas meses de vida. La póliza se ponía a la venta, para ser tomada por una o varias personas, que aportaban el dinero que recibiría el futuro muerto, con un descuento entre el 15 y el 30 por ciento, que constituiría su ganancia.

El enfermo terminal podía disfrutar así del 70% del dinero de  su seguro de vida en vida –cumpliéndose la máxima según la cual no vale la pena hacer negocios en los que, para ganar, primero hay que morir-, y el inversionista recuperaba su dinero con un rendimiento superior a cualquier tasa de retorno del sistema financiero o bursátil. Tal vez eso justifica el nombre de la empresa aseguradora, Mutual Benefits, o beneficios mutuos.

La operación era coordinada desde un complejo entramado de empresas, que operaban en una misma oficina al norte de Bogotá, y algunos de sus directivos, además, daban la bendición a las operaciones financieras, pues estaban vinculados como apóstoles con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La red de empresas comprendía una falsa casa de cambios, pues carecía de licencia, Sirius, cuya agencia pública operaba en un Centro Comercial de la calle 116 de Bogotá; una empresa que administraba diversos dineros, Caja S.A., y sociedades registradas en Panamá y otros paraísos fiscales del Caribe y Europa, que canalizaban en cuentas similares todos los dineros captados en Colombia.

La investigación formal la había iniciado el DAS en Colombia hacia octubre de 2000, como derivación de otra abierta en los Estados Unidos, conocida como Cable Roto, y de la que se deducían transacciones millonarias en distintas monedas entre algunas de las sociedades de las que los ahora condenados, Arturo Delgado Flórez y Jaime Eduardo Rey Albornoz, hacían parte como directivos o representantes legales.

La investigación detectó operaciones con una veintena de bancos en México, Lituania, Suiza, Siria, Líbano, Panamá, Perú, Chile, Italia y el Reino Unido, en un lapso de casi dos años, y que esencialmente tenían dos ejes, las operaciones provenientes de Londres con una firma de giros a Colombia, LatinLink, de Juan Manuel Salgado Iregui, quien fue procesado en ese país por una infracción cambiaria menor, y operaciones con dineros provenientes de miembros de las familias Cabrera Barquero de Bogotá, y Currea Correa y Murillo Morales de Medellín. Hay otros seis nombres vinculados en Cali con las operaciones, pero, como sucedió con los casos de Cabrera y Currea, se los descarta por falta de sustento en la averiguación de la Fiscalía.

En total la investigación detectó 6.000 giros al exterior, que pudieron superar los 35 millones de dólares, casi $80.500 millones.

El problema es que ese dinero comprendía pólizas tomadas con una aseguradora radicada en la Isla de Man, un paraíso fiscal en el Reino Unido, Eagle Star; las apuestas de futuros sobre los seguros de vida de Mutual Benefits, y pagos hechos en efectivo para la compra de dólares, desde operadores de televisión por suscripción hasta casinos de Bogotá, pasando incluso por los vendedores de tarjetas prepago de telefonía celular. La empresa que los contrata, al recibir cada día millones en efectivo, los entregaba a Sirius, que se los cambiaba por cheques para depósito en el banco, que no les recibía semejantes cantidades diarias en efectivo.

En las 6.000 transacciones con el exterior, por todos los conceptos, se identificaron casi tres mil personas que tuvieron distintas operaciones con algunas de las sociedades que controlaban Delgado y Rey, desde conocidos industriales, comerciantes, ricos súbitos, funcionarios públicos, periodistas, y, claro, políticos. Uno de ellos es el actual senador Luís Carlos Avellaneda, quien había decidido sacar parte de sus honorarios como abogado, por la amenaza de extorsión que le dirigiera un grupo guerrillero, para cobrarle su “impuesto al patrimonio”.

En total la investigación detectó 6.000 giros al exterior, que pudieron superar los 35 millones de dólares, casi $80.500 millones.

Avellaneda había aceptado las condiciones de la sociedad de los pastores, para invertir en una póliza de un enfermo terminal, en condiciones similares a las de otros centenares de personas.

El juez Ballén Silva hizo un análisis de todas las operaciones, y concluyó que sólo constituían delito las realizadas con dineros de Rodrigo José Murillo Morales, pues en los demás casos los operaciones se habían hecho con dineros de procedencia lícita, el trabajo de sus titulares.

La investigación encontró que Jaime Eduardo Rey Albornoz -uno de los socios de Sirius con Delgado Flórez-, había realizado operaciones financieras para los Murillo.

Rey Albornoz confesó que Rodrigo José Murillo le prestó 2.5 millones de dólares para iniciar la operación de la venta de los seguros de vida de los enfermos terminales, que hizo a través de una sociedad que constituyó en Panamá, Ynals Corporation. El préstamo, de tipo personal, lo garantizó Rey con un pagaré y un seguro de vida por ese mismo valor.

Lo que significaba que si el dinero se perdía, Rey perdía la vida y Murillo recuperaba su dinero con la póliza.

“Esta clase de préstamos cuantiosos, garantizados solamente un pagaré y con un seguro de vida con el acreedor como beneficiario, los utilizan con frecuencia, y casi exclusivamente, personas dedicadas a actividades delictivas, y en especial narcotraficantes, por cuanto se trata de dineros de origen ilícito y porque para ellos es común cobrar las deudas incumplidas a través del sicariato, por cuanto de esa forma pueden acceder al valor del seguro de vida en el que aparecen como beneficiarios” puntualiza el juez Ballén en su sentencia.

Relata Rey Albornoz que Rodrigo Murillo le pidió asesoría para invertir su dinero, pues había decidido darse vacaciones definitivas, había vendido sus barcos pesqueros y tenía varios millones de dólares en efectivo. La verdad, según el proceso, es que meses antes, el 13 de mayo de 2001, el barco Sveda Marú, había sido interceptado en aguas internaciones frente a México, con 13 toneladas de cocaína. La tripulación dio nombres de sus propietarios, tres de los cuales confesaron ser asociados de Murillo, y que por lo menos en diez ocasiones, entre 1999 y 2001, habían hecho operaciones similares, enviar cocaína en barco, y regresarlos con dólares, o utilizando distintos correos para asegurar su ingreso a Colombia.

Rodrigo José Murillo fue detenido el 14 de noviembre de 2002 en su casa, donde hallaron 5 millones de dólares en efectivo junto al pagaré de Rey Albornoz y a su seguro de vida. Murillo fue extraditado meses más tarde a los Estados Unidos, donde está pendiente de recibir sentencia.

A partir de un estudio del patrimonio de Murillo, el juez concluye que “necesariamente éste ingresó a su patrimonio dineros fruto de las actividades delictivas por las que fue extraditado a los Estados Unidos, derivadas de los varios cargamentos de droga que logró introducir a dicho país, que le produjeron las considerables cantidades de dinero en efectivo incautadas, es decir, aquellas que intermediaron los acusados y la que prestó a Jaime Rey”.

Rodrigo José Murillo fue detenido el 14 de noviembre de 2002 en su casa, donde hallaron 5 millones de dólares en efectivo junto al pagaré de Rey Albornoz y a su seguro de vida.

De acuerdo con la sentencia del juez Ballén Silva, los cerebros de la operación fueron Arturo Delgado Flórez y Jaime Eduardo Rey Albornoz, condenado cada uno a pagar 13 años de prisión y una multa de unos 250 millones de pesos por el delito de lavado de activos.

“En cuanto a las operaciones intermediadas a las demás personas determinadas e indeterminadas reseñadas en la acusación se impone la absolución de los acusados” porque dice el juez “no se allegaron elementos de juicio necesarios para establecer si realmente clientes distintos a Rodrigo José Murillo entregaron a los acusados para su intermediación dineros fruto de enriquecimiento ilícito, derivados de actividades ilícitas”.

Concluyó así la pesadilla judicial para los 3.000 colombianos que le apostaron a lucrarse con el 30 por ciento de la vida ajena, y su primer encuentro con la muerte no pasó de ser un susto mayor. Los otros seis, Arturo Delgado Flórez, Jaime Eduardo Rey Albornoz, y sus cómplices, Carlos Alfonso García Ramírez, Fanny Restrepo García, Luís Carlos Feria y José Gildardo Maldonado, lo pasarán en cambio en la cárcel.