Por Gonzalo Silva Rivas
Especial para El Diario Alternativo

Los funcionarios nacionales, tanto los que están en Bogotá como los que acampan en Providencia, toman decisiones sin escrutar la opinión local. Columnistas de la isla denunciaron hechos como la pretendida construcción de un centro de buceo en un área sin acceso al mar, e incumplimiento normativo, con detrimento ambiental y patrimonial, en el dragado del muelle y en la ampliación del aeropuerto. El dragado, como se está llevando, podría tener afectación arqueológica y ecológica por la destrucción de corales, pastos marinos y objetos de valor patrimonial.

Han transcurrido ciento veinte días -al momento de este escrito- desde que el presidente Duque anunció, el 18 de noviembre pasado, entre bombos y platillos y con su particular contundencia oratoria, que el plan para la reconstrucción de Providencia, devastada al paso de la tormenta tropical Iota, un día antes, sería ejecutado en un plazo no mayor de cien días. Lo aseguró en el propio puesto de mando habilitado en el lugar de la emergencia y lo repitió, a diestra y siniestra, en sus intervenciones posteriores, en las que, como en sus tiempos de campaña, contagiaba de esperanza a buena parte de los colombianos.

Sin embargo, a lo largo de estos cuatro meses es muy poco, casi nada, el avance logrado en este proceso reconstructivo de la pequeña isla caribeña, para el que se han destinado, hasta ahora, más de 258.000 millones de pesos a diferentes entidades encargadas de la ejecución de las obras, con las que se pretende sacarla a flote. El ritmo que se marca para llegar a este propósito es muy lento y el interrogante para sus atormentados pobladores es cuándo llegará ese cuando. 

La apuesta principal del Gobierno Nacional, a través de su Plan 100, precisamente bautizado así en razón al plazo fijado para cumplir el encargo, es un abultado paquete de ejecuciones, que incluye la construcción de 1.134 casas; la reconstrucción de 877 que quedaron averiadas, con daños leves y medios; la reparación de 102 establecimientos turísticos, de los 167 para recuperar; la construcción de 70 establecimientos comerciales, y el impulso de las obras para la estación de Bomberos, de la Policía Nacional, de la Alcaldía Municipal, del hospital, del aeropuerto y de cinco sedes educativas.

Sobre las primeras -las casas construidas- no se ha entregado ninguna y en cuanto a las segundas, los trabajos se adelantan a cuentagotas, como lo revela un reciente informe de Contraloría, en el que se indica que tan solo se ha intervenido la tercera parte del total inventariado. Para el resto del combo programado, la situación es semejante. El énfasis, dentro de las prioridades, se ha puesto en las labores de alistamiento, limpieza, demolición, remoción de escombros y adecuación de lotes que, según el ente de control departamental, podría tomarse quince meses.

La gerente de reconstrucción, Susana Correa, ha justificado la situación con distintos argumentos. Desde la posición geográfica de la isla y las limitaciones de su muelle que dificultan el acceso de barcos de gran calado, circunstancia que obliga a realizar cabotajes de transbordo para el traslado de los materiales, hasta el compás de espera que exigió la realización de una serie de reuniones entre gobierno y comunidades para definir el diseño de las nuevas viviendas, con el fin de ajustarlo a las características requeridas dentro de la cultura raizal.

En tales encuentros, celebrados en enero, se definieron cuatro tipologías de viviendas que, pese a todo, no generalizaron un consenso. Para algunos isleños, más que fruto de una concertación en sintonía con su idiosincrasia, resultó la imposición de un modelo gubernamental con variaciones. Imposición reflejada en todo el organigrama de la reconstrucción, en el que las autoridades locales han sido sustituidas. Su papel, pasivo y debilitado, quedó relegado a un plano ínfimo. 

Los funcionarios nacionales, tanto los que están en Bogotá como los que acampan en Providencia, asumen el control en la toma de decisiones y no escrutan la opinión local, con el riesgo de priorizar proyectos impopulares en momentos de crisis. Columnistas de la isla denunciaron hechos como la pretendida construcción de un centro de buceo en un área sin acceso al mar, e incumplimiento normativo, con detrimento ambiental y patrimonial, en el dragado del muelle y en la ampliación del aeropuerto. El dragado, como se está llevando, podría tener afectación arqueológica y ecológica por la destrucción de corales, pastos marinos y objetos de valor patrimonial.

El apoyo gubernamental, según líderes locales, se ha convertido en excusa para implantar, desde la capital, un modelo de desarrollo continental, sin concertar la realidad de los residentes insulares. Se impone un manejo colonialista que, según algunos voceros, configura un problema de dignidad en contra de los derechos a la autodeterminación.

Al calor de los debates y de las expectativas, en el entretanto, la mayor parte de los habitantes sigue a la intemperie, en medio de un paisaje desolador, arrumado en cambuches, bajo el sol y el agua, sin techo y con necesidades básicas apremiantes. La cooperación ha sido tan avasalladora que, incluso, resta posibilidades de trabajo para los residentes, con lo que se dificultan las posibilidades de paliar su crisis. 

La reconstrucción de la infraestructura se adelanta con una marcada preferencia de mano de obra foránea, trasladada desde el continente. La presencia de la nueva y considerable población flotante genera pequeños ingresos por alquiler de automotores y habitaciones recuperadas, pero conlleva un problema adicional, aparte de limitar la mano de obra local: el riesgo de propagar tanto el virus del Covid-19 como el de otras enfermedades infecciosas que, a corto plazo, puedan convertirse en foco de amenaza para la actividad turística, su principal fuente de ingresos.

Los providencianos no la pasan bien por las condiciones precarias que soportan. El panorama dejado por la tormenta ciclónica sigue oscuro. Hay drama, dolor, cansancio y desgaste. Esta incertidumbre condujo a que, el 30 de diciembre, raizales y residentes salieran a protestar en inmediaciones del aeropuerto El Embrujo y propusieran un pliego de peticiones que fue escuchado por las autoridades nacionales, pero que, hasta ahora, no ha sido satisfecho.

El huracán llegó en el peor momento del archipiélago colombiano, cuando se encontraba en estado de vulnerabilidad, a causa de la pandemia y de los confinamientos que lo encerraron y lo privaron del turismo. Hoy lleva a extremos su crisis económica y agrava la situación de los sobrevivientes de Providencia que, sin tener alternativa distinta que permanecer allí, esperaban trabajar por su reconstrucción y obtener ingresos económicos.

No está demás requerir la presencia de una veeduría internacional que vigile y explique el recorrido de las ayudas y auxilios oficiales -cuya distribución, en un comienzo, fue caótica-, y de las cuantiosas donaciones de organismos de apoyo extranjeros y nacionales, reportadas por los medios de comunicación. El país, pero particularmente los pobladores de la isla, tienen el derecho de participar en una rendición de cuentas que de claridad sobre el monto de los recursos donados y el costo de las múltiples ejecuciones que forman parte del programa gubernamental.

Por ahora, lo único que cierto es que la promesa del jefe del Estado, de liderar la reconstrucción de Providencia en un lapso de tiempo de cien días, no se cumplió. Resultaba previsible que la suya fuera una promesa imposible, porque se tomó al calor del trágico momento, sin mayor conocimiento del contexto insular ni de sus complejas dimensiones. O simplemente, como suele ocurrir con nuestros gobernantes, porque fijar compromisos es una recurrente estrategia para recrear discursos con propósitos mediáticos.

Y el presidente Duque sí que se ha caracterizado por ser protagonista de los compromisos fallidos. Buena parte de sus anuncios de campaña se quedaron en el papel. Desde la reducción de impuestos, en un país con alta informalidad y precariedad laboral, hasta la lucha anticorrupción y el rechazo a la práctica del fracking. De ahí que el anuncio hecho -entre bombos y platillos y con su particular contundencia oratoria- de reconstruir Providencia en un plazo de cien días es, simplemente, otro gaje más del oficio presidencial.