Por María Isabel Flórez
Especial para EL DIARIO ALTERNATIVO

Innumerables casos demuestran que informaciones sobre persecución y censura, de parte de altos funcionarios, tienen un pobre, marginal y tergiversado cubrimiento periodístico y no se les hace el seguimiento imprescindible para contribuir a defender los derechos y las libertades.

Qué puede hacer una sociedad de grupos  de científicos, humanistas, minorías, artistas, habitantes rurales, líderes, feministas, indígenas, en fin, de todos los que no caben en esa manipulada, narrativa de  grandes conglomerados informativos que soportamos en el día día. 

Difunden repetidamente comunicados de prensa oficiales, declaraciones de funcionarios, investigaciones institucionales, cifras  y encuestas cuyo fin es hacerle propaganda a un partido de gobierno autoritario, a un presidente y equipo ejecutor, plegados a dicho partido, y a unas coaliciones mayoritarias, en un congreso con varios legisladores investigados. Y en este escenario, los miembros de la oposición no tienen figuración alguna. 

Qué hacer ante el talante de esta clase dirigente, que actúa con el convencimiento de que las entidades del estado son propiedad de los funcionarios que las dirigen, así como sus bienes, y la decisión unilateral de ejecutar  proyectos  que reflejan una política  enfilada a un sector de la población, contra el interés de la mayoría de ciudadanos.

Ante estos hechos, son muy reducidos los medios que fiscalizan, investigan y denuncian la manera como se invierten los recursos públicos y estos periodistas y medios, son estigmatizados ante la opinión. 

Veamos unos ejemplos dicientes del 2020 que nos pueden servir para entender el talante ultra autoritario en el que estamos inmersos.

 El año pasado, miembros del Partido Laborista del parlamento inglés, se pronunciaron abiertamente contra el gobierno colombiano por no implementar debidamente, los Acuerdos de Paz y simultáneamente, enfilaron fuertes críticas contra el ex fiscal Martínez Neira, por atacar a la JEP con mentiras y montajes.  La noticia no tuvo mayor resonancia en los grandes medios, a excepción del Espectador que abrió con ella en su edición del 7 de diciembre.

Posteriormente, no se analizó ni se contrastó ni hubo entrevistas o reacciones. Lo que sí hubo, fue un ataque frontal en El Tiempo de una de sus colaboradoras, quien en sus columnas y entrevistas se ha convertido en una propagandista del gobierno actual. En esta ocasión, aprovechó para descalificar a dichos parlamentarios y minimizar el contenido de sus exigencias en beneficio de la implementación de los Acuerdos de Paz sin argumentos.

Otro hecho llamativo, es el del Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jorge Hernán Prada, quién, como acucioso mensajero de su partido, presentó un proyecto de acto legislativo para que la ciudadanía pudiera votar sobre decisiones de la Corte Constitucional cuando se afectaran los derechos fundamentales, mediante invocación del referendo.  Este proyecto se ha visto como “un golpe directo al corazón del Estado de derecho”, calificado así por la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y quien fue relatora especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos, y lo catalogó no solo como un “riesgo para la democracia” sino también como una propuesta que no se ha dado en ningún régimen democrático. Entrevista de El Espectador del 28 de septiembre de 2020 

No sobra recordar que este congresista, ha sido vinculado formalmente a la investigación contra Alvaro Uribe por incurrir en manipulación de testigos.

Otro caso lamentable fue cuándo el gerente de RVTV, Juan Pablo Bieri, dio la orden de sacar del aire el programa de televisión “Los Puros Criollos”, que se emitía en Señal Colombia, porque, según palabras del director del espacio, Santiago Rivas, en una entrevista en la La Pulla, conocido programa de crítica y humor, habló en  contra de la ley de modernización de Min Tic, advirtiendo que estaba diseñada para favorecer a intereses privados y afectaba la televisión pública.

El episodio culminó, además, en que la periodista Diana Díaz, que hacía parte del equipo del programa terminó imputada de cargos por la Fiscalía por el supuesto delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Y por lo tanto delito contra la administración pública. Todo esto, porque ella denunció la censura contra el programa por parte del gerente del canal.

Como se informó en su momento, Diana Díaz grabó una reunión de trabajo en la cual Bieri hablaba de sacar del aire el programa porque hacía críticas al gobierno de Duque. Esto nos demuestra también, el carácter claramente censor y extralimitado que impera entre funcionarios del ejecutivo

Son innumerables los casos que demuestran que informaciones destacadas sobre persecución y censura, de parte de altos funcionarios, tienen un pobre, marginal y tergiversado cubrimiento periodístico y no se les hace el seguimiento imprescindible para contribuir a defender los derechos y las libertades.

Es muy preocupante, que los medios reproducen la información oficial y desarrollan los temas desde el punto de vista de los funcionarios y sus boletines. Y no solo los directores de los mismos, sino los cargaladrillos publicitan en un alto porcentaje las ejecuciones gubernamentales y queda una mínima parte dedicada a fiscalizar o investigar actuaciones   sobre la corrupción y el abuso del poder.

La prensa internacional, las onegés de Colombia y del mundo, la ONU, la Comunidad Europea, entre otros, se preguntan, cómo es posible que los asesinatos y las masacres de líderes sociales y trabajadores de derechos humanos no tengan un despliegue que impacte y presione, desde los medios, para que se protejan sus vidas y la de sus comunidades. También llama la atención, que las investigaciones de los falsos positivos y de la corrupción al interior de las fuerzas armadas, se suscitan en medios foráneos y no son iniciativa de los comunicadores que cubren dichas fuentes en la prensa nacional.

Ya sabemos que estos medios a los que nos referimos, pertenecen a los grandes conglomerados financieros y empresariales que tienen intereses económicos con los gobiernos de turno,  sin embargo, cómo en países desarrollados dónde también hay medios de propiedad de grupos económicos,  sus directores, editores y redactores  en conjunto, exigen a los dueños  que no haya intervención en el cubrimiento de la información y en los contenidos editoriales y para eso están asociados y respaldados por sindicatos y agremiaciones.

Este tipo información no fomenta un pensamiento crítico, tampoco la necesidad de ahondar en los temas que influyen en la realidad política, en discernir, y sobre todo en tener herramientas para cuestionar y exigir resultados del manejo de los recursos públicos.  

Existe la esperanza de informarse de otras maneras, pero como lo dice en reciente columna el ex ministro y jurisconsulto Yesid Reyes, “es pertinente que pensemos en los peligros anejos a las redes sociales, ya que sus visiones comerciales y políticas han llevado a la creación de nichos de opinión retroalimentados con el propósito de retener usuarios, sin mucha preocupación por el control de la veracidad o la eticidad de lo que se comunica”.