Por Ricaurte Losada Valderrama*
Especial para El Diario Alternativo

A la Constitución de 1991 se le han introducido 55 enmiendas, a través de las cuales no se han solucionado sus problemas; al contrario, se han agravado

Cada pueblo forja su destino. Para hacerlo traza unos derroteros y los principales los establece en su Constitución Política -norma de normas- que organiza el Estado y la sociedad en sus aspectos esenciales.

Colombia ha tenido nueve Cartas Políticas con carácter nacional. La última que nos rige en la actualidad se expidió en 1991. Se hizo mediante vías de hecho, como había ocurrido con su antecesora, la de 1886. En este caso hubo cinco golpes de Estado en el proceso constituyente que la originó, de los cuales poco o nada se ha dicho, pero en todo caso nació ilegítima, viciada y fue sancionada en blanco.

Sin embargo, este Estatuto Superior constituyó la enmienda institucional más importante producida en Colombia en el siglo XX que, aunque tiene muchas luces, está cundida de sombras y, aun así se dispone a cumplir 30 años el próximo 4 de julio, razón por la cual es una oportunidad propicia para analizar y debatir acerca de lo que ha pasado con ella y, por ende, con Colombia en este trecho de su historia.

Debido a los errores en que se incurrió al expedirla y por nuestra inestabilidad institucional, se le han introducido ya 55 enmiendas, a través de las cuales no se han solucionado sus problemas; al contrario, se han agravado. Es así, por ejemplo, que a raíz de algunos de los siete actos legislativos expedidos para juridificar y, por lo tanto, para comprometer al Estado en el cumplimiento de los acuerdos con las Farc, quedó descuartizada y violentada, como ha hecho en muchas oportunidades la Corte Constitucional, corporación que es justamente la encargada de protegerla.

En este caso, en razón a que el plebiscito fue negado, quedó sin vigencia el acuerdo con la insurgencia suscrito en Cartagena y la Corte avaló la refrendación irregular que de él hizo el Congreso. Sin embargo, el Estado mantuvo su facultad y deber constitucional de buscar la paz, pues este no se agotó con la negativa del pueblo al anterior pacto y, por ello, sobre su base suscribió otro -el del Teatro Colón-.

Hemos mencionado este aspecto, entre tantos que podrán analizarse en otras oportunidades, por tratarse de hechos políticos de los más importantes ocurridos con nuestra Carta Política, cuya mejor celebración, vemos necesario decirlo desde ahora, sería aprovechar la coyuntura para promover el ajuste integral que se le ha negado desde su nacimiento, así como se hizo con la de 1886 que solo empezó a regir de manera adecuada con la reforma que se le introdujo en 1910, tal como ha debido hacerse con la actual, hecho que hubiera evitado  tantas enmiendas aisladas y generalmente menores.

A raíz de sus efemérides hacemos estas reflexiones con el propósito de invitar a ocuparnos con mayor detenimiento de este tema vital, del cual hay que reconocer que como se cometieron graves errores al expedirla, también hay que aceptar que en 30 años no se ha tomado la decisión política de corregirlos.

En consecuencia, que el debate se abra ya y que soplen vientos de cambio en relación con lo que se debe modificar que es mucho, como la justicia, el régimen territorial y la descentralización y se mantenga lo positivo que ella tiene.

Y el escenario que resolvería  sus problemas de manera acertada y eficaz sería el de otra asamblea constituyente, el más importante proceso de participación ahora  regulado en la propia Carta que el país debiera adelantar si quiere avanzar en los logros  alcanzados en 1991 y resolver  imprevisiones, imprecisiones, improvisaciones, repeticiones y desaciertos que han opacado y disminuido los alcances de sus aciertos, como los referidos al Estado Social y a su importante carta de derechos y los mecanismos para hacerlos efectivos como el de la tutela.

Así se debiera responder a una historia de treinta años de poco alcance, pues el problema no es solo el referido a que en 1991 se cometieron errores, sino a que no hayamos sido capaces de corregirlos, en razón a que no somos suficientemente conscientes de que de las instituciones dependen nuestras vidas y nuestro porvenir y desarrollo.

*Ricaurte Losada Valderrama es catedrático de Derecho Público