Por Conor Carrigan* 
Especial para El Diario Alternativo

Investigaciones académicas y empíricas han demostrado que los republicanos en el poder imponen controles electorales para suprimir el voto de las minorías y los afroamericanos, en especial en aquellos estados con resultados más reñidos.

Una república, si puedes conservarla”, supuestamente respondió Benjamín Franklin cuando se le preguntó al final de la Convención Constitucional de 1787 si los Estados Unidos sería una república o una monarquía. Las palabras tienen particular resonancia ahora que salimos del caos de la presidencia de Trump, que alcanzó su punto más bajo cuando una multitud enardecida invadió el Capitolio mientras el Congreso intentaba cumplir con uno de sus deberes constitucionales más sagrados: declarar quién sería presidente y vicepresidente. El 6 de enero es la fecha establecida por ley federal de los Estados Unidos cuando el Congreso se reúne cada cuatro años en sesión conjunta para contar los votos presidenciales depositados por los estados. A excepción de la toma de posesión en sí, este es el último paso formal en el peculiar, complicado e imperfecto, pero no obstante definitivo proceso electoral. Por lo general, el evento termina dentro de la hora siguiente.

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Muertos que votan. Gente que vota dos veces. Votación de no ciudadanos. Cajas llenas de votos. Todas estas fueron afirmaciones de fraude electoral que hizo Trump en 2016 antes de que fuera elegido. La única forma, afirmó Trump, de que Hillary Clinton pudiera ganar era si las elecciones estaban amañadas. “¡Ayúdenme a evitar que la corrupta Hillary manipule esta elección!” fue el mensaje en el sitio web de su campaña para reclutar voluntarios que descubrieran pruebas de fraude en las urnas. Constantemente sus resultados en las encuestas eran bajos, y día tras día en sus mítines Trump transmitía el mensaje a sus partidarios de que de alguna manera les estaban robando las elecciones, parte de su tema general: las élites políticas y los medios de comunicación le estaban robando el país a la “Mayoría silenciosa”, sus partidarios, en su mayoría blancos. No se podía confiar en nada, ni en el proceso electoral en sí, ni en los medios, ni en las encuestas. La opinión predominante entre los comentaristas era que Clinton finalmente ganaría, pero había inquietud entre historiadores y políticos sobre las implicaciones de la retórica de Trump con respecto a la confianza de la gente en las elecciones. 

“Si hubiera habido alguna duda, ahora ha quedado claro que esta campaña electoral tiene más que ver que con la selección de un presidente”, escribieron Nathaniel Persily, experto en elecciones y profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, y Jon Cohen, experto en encuestas, en una columna del Washington Post de octubre de 2016. “Los valores que apoyan la democracia estadounidense se están deteriorando. Un gran número de estadounidenses de los partidos políticos han perdido la fe en su democracia y muchos no aceptarán la legitimidad de estas elecciones”. Esta sombría evaluación se fundamentó en una encuesta que hicieron, según la cual el 40% de los votantes había “perdido la fe en la democracia estadounidense”. El hallazgo se comparó con otras encuestas, incluida una realizada por la revista Político, que encontró que el 41% de los votantes creía que la elección podría ser “hurtada” a Donald Trump debido a un fraude electoral generalizado, y que el 73% de los votantes republicanos sostenía esa opinión. Los sentimientos de desconfianza iban más allá de una sobria resignación de que el sistema estaba amañado en contra ellos: iban acompañados de amenazas de insurrección violenta. “Vamos a tener una revolución y los bajaremos del poder, si eso es lo que hace falta. Va a haber mucha sangre derramada. Pero eso es lo que se necesita”, dijo un partidario de Trump cuando fue entrevistado por el Boston Globe en un mitin en Cincinnati al contemplar la posibilidad de que Clinton ganara la Casa Blanca. Si bien la campaña de Trump desautorizó oficialmente la violencia, de hecho, Trump y sus aliados la estimularon explícitamente, y el candidato mismo especuló en voz alta que el destacamento del servicio secreto de Clinton debería ser desarmado y luego dijo, “Veamos qué le sucede a ella”; y un partidario tuiteó: “Es increíble que nuestras instituciones gubernamentales, la Casa Blanca, Congreso, el Departamento de Justicia y los grandes medios sean corruptos y todo lo que hacemos es quejarnos. Ya es hora de las antorchas y las horcas”.

Resultó que Trump ganó las elecciones de 2016 gracias al sistema del Colegio Electoral que privilegia a los estados rurales, menos poblados y generalmente republicanos, pero perdió el voto popular por 2.868.686 votos. Tal vez debido a la incapacidad de reconocer que en un sentido perdió, y a lo mejor también porque vio lo que se veía venir la próxima vez, cuando quizás las matemáticas del Colegio Electoral no le favorecieran, Trump persistió con sus acusaciones de fraude, alegando sin ninguna prueba que se emitieron ilegalmente entre tres y cinco millones de votos. Incluso nombró una comisión para investigar el supuesto fraude, la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral, la cual él tuvo que disolver en ocho meses, sumida en litigio y debido a la negativa de los estados a cooperar, y sin llegar a ningún hallazgo. 

Tanto los funcionarios electorales republicanos como los demócratas se opusieron a lo que consideraron una extralimitación del gobierno federal con solicitudes de datos de votantes que violaban las leyes estatales de privacidad, o simplemente un intento descarado para justificar nuevas restricciones a los electores. Pero Trump nunca dejó que el tema se olvidara, y durante su campaña de reelección de 2020 sus ataques se volvieron más intensos y extravagantes. Los votos enviados por correo, que se han utilizado con éxito durante décadas en los Estados Unidos, conducirían a la “elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia”, afirmó Trump en un tuit, incluso sugiriendo que la elección debería retrasarse.

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Trump estaba aprovechando una vena profunda de la mitología del fraude electoral que se ha utilizado al menos desde principios del siglo XIX, cuando se utilizaron acusaciones infundadas de fraude electoral para privar de sus derechos a las mujeres y a los votantes afroamericanos en el estado de Nueva Jersey. Como explicaron Judith Apter Klinghoffer y Lois Elkis en su artículo “‘The Petticoat Electors’: Women’s Suffrage in New Jersey, 1776-1807”, la privación del derecho al voto fue una simple cuestión de conveniencia política: las mujeres y los afroamericanos no votaron en cantidades suficientes por el partido republicano del estado, pero el espectro del fraude era el pretexto de justificación. 

En la historia electoral más reciente, desde mediados de la década de 2000, se ha promovido la necesidad de proteger la integridad de las elecciones y prevenir el fraude electoral para justificar la legislación a nivel estatal que introduce nuevos requisitos de una identificación con foto y prueba de ciudadanía, así como restricciones para los votos de electores ausentes y por correo. Si bien estos requisitos pueden parecer razonables, investigaciones académicas y empíricas han demostrado que los republicanos en el poder los imponen con fines políticos para suprimir el voto de las minorías y los afroamericanos, en especial en aquellos estados con resultados más reñidos. Sin embargo, también es importante subrayar que, ya sea partidista o no, la legislación reglamenta un problema que no existe: entidades académicas y de políticas públicas, tribunales federales y agencias gubernamentales estatales y federales han examinado el tema del fraude electoral de manera exhaustiva durante las últimas décadas y, de todas las investigaciones, solo hay una conclusión a la que se puede llegar: el fraude electoral es extremadamente raro, no es sistémico y no ocurre a ningún nivel cercano que pueda distorsionar el resultado de una elección.

Como concluyó memorablemente el Centro Brennan para la Justicia en su informe sobre el fraude electoral, “Es más probable que un rayo le caiga a un individuo que este se haga pasar por otra persona en las urnas”. Sin embargo, esta realidad no impidió que el fallecido John McCain, candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2008, hiciera la afirmación infundada y luego desacreditada en su debate final contra Barack Obama, de que un grupo de organización comunitaria que apoyaba al partido demócrata estaba “al borde de quizás cometer uno de los mayores fraudes en la historia de las votaciones en este país, quizás destruyendo el tejido de la democracia”.

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Poco después de las 8 de la noche del 6 de enero de 2021, el vicepresidente Mike Pence volvió a convocar al Senado. Habían pasado poco menos de seis horas desde que una turba de derecha, partidarios de Trump, violara el Capitolio y obligara a los miembros de ambas cámaras a buscar refugio. Con gorras de Make America Great Again, banderas estadounidenses y al menos una bandera de la Confederación, la muchedumbre abrumó fácilmente a la desprevenida Policía del Capitolio y asaltó el edificio. Algunos lograron ingresar al recinto del Senado, poco después de que los senadores fueran evacuados; afortunadamente, un miembro del personal del Senado pensó con celeridad, recuperó los votos del Colegio Electoral y los puso a salvo. 

La policía armada detuvo a los insurgentes en la puerta de la cámara de Representantes, mientras que los restantes miembros de la cámara se escabullían en busca de refugio en la galería del recinto. Cuando las fuerzas de seguridad finalmente sacaron a los insurgentes del edificio, estos habían dejado un rastro de destrucción. Y muerte. Cinco personas murieron como consecuencia del ataque y dos policías se suicidaron posteriormente. A las 3.41 a.m. de la madrugada del miércoles, 7 de enero, el vicepresidente anunció los resultados de la votación para presidente y vicepresidente: 306 votos para Joe Biden y Kamala Harris cada uno, y 232 cada uno para Donald Trump y para el mismo Mike Pence, pero no antes de que asombrosamente 147 miembros republicanos del Congreso, aparentemente indiferentes a la asonada que acababa de tomarse el mismo edificio en el que se encontraban, votaron a favor de rechazar el resultado democrático de las elecciones. 

No obstante, el Congreso había logrado mantener la República.

*Conor Carrigan es abogado, residente en Portland, Oregon, y corresponsal de El Diario Alternativo